Centro Residencial Cala Morell SL solicita al Consell una indemnización de 18.989.454 euros por el recorte de sus expectativas urbanísticas tras la aprobación, en el año 2003, del Plan Territorial Insular (PTI).
Esta empresa familiar ya había iniciado en ese año la vía judicial con la interposición de un contencioso administrativo, pero ahora ha iniciado otro camino para reclamar ante la institución insular, la reclamación de responsabilidad patrimonial.
En los dos procedimientos, no obstante, el objetivo es el mismo, según explican desde la empresa: "Se nos han reducido los usos y la edificabilidad de manera unilateral, a pesar de que nuestros terrenos habían tributado de acuerdo a un planeamiento que incluía unos condicionantes que nos eliminaron de golpe y porrazo, sin siquiera intentar un acuerdo".
En el caso de Cala Morell, la petición de indemnización no surge por la desclasificación de ningún terreno, sino por la reducción de las posibilidades urbanísticas existentes antes de la aprobación del PTI. Fuentes administrativas consultadas por este periódico aseguran que en la urbanización del norte de Ciutadella, no se redujo la edificabilidad, sino que se aprobó un sistema de cupos mediante el cual se escalonaban las expectativas de urbanización, alargándolas en el tiempo para evitar grandes construcciones en un corto espacio de tiempo.
Esta solución tampoco agradó a los responsables de Centro Residencial Cala Morell SL, que ahora solicitan la indemnización próxima a los 19 millones de euros, a la que habría que sumar los intereses legales. En base a la evolución de los precios (IPC), estos intereses podrían elevar la posible indemnización hasta los 22,7 millones de euros.
Los promotores alegan que la reducción de las expectativas de edificación restó viabilidad a cualquier proyecto que se quisiera impulsar en la zona. "En pleno boom inmobiliario, la rentabilidad de cualquier iniciativa ya era bastante pobre. Imagínese ahora, tal como están las cosas, cualquier proyecto resulta totalmente inviable", explican desde la empresa familiar.
Precisamente apelan a esta condición de negocio familiar para criticar que "nosotros hemos estado trabajando muchos años y muy duro para que nuestros hijos tuvieran unas prestaciones fruto de nuestro esfuerzo. Ahora, deberán sufrir y cargar con unos gastos sobre unos terrenos a los que no podrán dar salida", añaden. En este sentido, critican que la creación de puestos de trabajo directos e indirectos que generó esta empresa pueda quedarse en nada.
La petición de responsabilidad patrimonial ha sido tramitada por el Consell, quien ha establecido ahora un período de treinta días para que la empresa acredite los hechos, facilitando un informe que certifique los daños económicos que afirma haber sufrido. Además, la institución insular solicita a la empresa que demuestre que ya en el año 2003, cuando se aprobó el PTI, era la propietario de los terrenos que motivan la petición de la indemnización.
Huget, prudente
El conseller de Ordenación del Territorio, Cristóbal Huguet, se mostraba ayer prudente ante la petición de Centro Residencial Cala Morell. Huguet quiere analizar a fondo la demanda, pero reitera su posición de "profunda preocupación por las consecuencias que puedan tener algunas decisiones que se adoptaron en materia territorial, que pueden gravar de manera notable las arcas públicas de los menorquines. Por eso, creo que debemos estudiar a fondo la situación y, siempre que podamos evitar una indemnización, hacerlo".
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