Una opción decidida y excluyente para que todo el esfuerzo financiero de la Iglesia se centre, más si cabe, en la persona. Así resume el Obispado de Menorca la decisión de "no abrir nuevas expectativas en lo que a reforma y rehabilitación de patrimonio de la Diócesis se refiere" adoptada este lunes en el marco de la Comisión Diocesana de Patrimonio. Esta determinación supondrá dejar en suspenso por un tiempo todas aquellas intervenciones que no sean estrictamente necesarias para el mantenimiento de los bienes propiedad de la Iglesia menorquina.
"El objetivo es que la acción financiera priorice el ser humano, centrándose en instituciones humanas, humanitarias y de carácter social- insisten fuentes eclesiales- y si no se produce una mejora en el contexto económico no se realizará ninguna inversión salvo casos de fuerza mayor. Todo queda necesariamente frenado". Así, proyectos como el de la rehabilitación interior de la iglesia de Sant Francesc en Maó o la reconversión del Santuario de la Mare de Déu del Toro deberán esperar a que los vientos sean más favorables.
Este nuevo posicionamiento se asienta en dos premisas. La primera es el incremento de las necesidades detectado en las comunidades parroquiales y en entidades como Caritas Diocesana o Manos Unidas, en las que los requerimientos de ayuda han crecido de manera exponencial en los últimos tiempos; la segunda, se relaciona con las dificultades económicas que atraviesa la Administración.
"De un tiempo a esta parte, desde las instituciones públicas no se ha producido ninguna ejecución presupuestaria en relación a los convenios firmados en materia de patrimonio histórico-artístico", apuntan fuentes del Obispado, que sitúan las cantidades pendientes de pago en 500.000 euros, una cifra que podría ampliarse hasta casi el millón de euros.
Este montante se correspondería con obras finalizadas o que están a punto de acabar como las llevadas a cabo en la iglesia de Sant Francesc, el cambio de pavimento en la de Santa Maria, ambas en Maó, o el arreglo de la cubierta del Claustre del Seminario o la extracción de los restos de la portada gótica de la Catedral en Ciutadella. Algunas de ellas, caso de las del Claustre, han sido sufragadas en su totalidad por la Diócesis, pese a que el convenio correspondiente fijaba que la mitad de su coste sería asumida por la Administración.
"Entendemos la situación y, por supuesto, el Obispado ni litigará ni entrará en hostilidades con las instituciones, aunque si que intentará renegociar los plazos para recibir estos recursos porque entendemos que los convenios que se firmaron tienen fuerza legal", explicaron fuentes eclesiales. En este sentido, monseñor Salvador Giménez ha solicitado un encuentro con el Ejecutivo de José Ramón Bauzá, con el objetivo de tratar esta cuestión que está pendiente de fecha.
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