El Ayuntamiento de Maó mantiene una deuda de 27 millones de euros, de los que 24 son a largo plazo, mientras que el vencimiento de los tres restantes se produce el 31 de diciembre. Además, el nuevo equipo de gobierno ha detectado una serie de facturas no contabilizadas por importe de 916.000 euros, según aseguró ayer la alcaldesa Águeda Reynés.
El Ayuntamiento de Maó tenía hasta el pasado mes de junio 1.700 facturas de proveedores pendientes de pago, algunas de ellas de los años 2008 y 2009, por un importe de 8,5 millones de euros. El equipo de gobierno del PP ha liquidado facturas por valor de 4 millones, según anunció ayer Águeda Reynés en una rueda de prensa sobre los cien primeros días de gestión municipal.
Además, constató la existencia de convenios urbanísticos que aún no estaban firmados, entre ellos, el parking de Vassallo y un tramo de la calle Josep Anselm Clavé. Reynés recordó la sentencia judicial que obliga al Ayuntamiento a readmitir al anterior interventor municipal, hecho que calificó de "regalo envenenado" del anterior gobierno municipal de izquierdas, porque representará el pago de una indemnización de 150.000 euros.
Águeda Reynés aseguró que "en un plazo de tres o cuatro semanas" el Ayuntamiento aprobará de forma definitiva el PGOU del municipio, tras constatar la importancia de culminar el proceso administrativo del nuevo planeamiento municipal. La alcaldesa también explicó los pasos que se han realizado para obtener por parte del Govern balear una demora en la exigencia de ejecutar de los proyectos de saneamiento de la costa, debido a las dificultades financieras por las que atraviesan los municipios, ya que en caso contrario los ayuntamientos no habrían podido conceder licencias de obras.
Además, aseguró que más de 50 expedientes de disciplina urbanística abiertos en los últimos cinco años no han sido resueltos, con el consiguiente perjuicio para las arcas municipales al no haberse ingresado las correspondientes sanciones económicas aplicables según las ordenanzas. Asimismo, señaló que el equipo de gobierno deberá afrontar algunos asuntos urbanísticos que han quedado sin resolverse, como el convenio con la promotora Vertix Procam, en relación al solar que ocupaba Catisa, y la antigua residencia sanitaria, entre otros.
La alcaldesa destacó el interés prioritario del gobierno municipal para resolver los temas relacionados con el puerto, relativos al acantilado de la Punta des Rellotge y la paralización del vial de conexión del Cós Nou con la carretera de La Mola, entre otros, y subrayó que la demora no era únicamente atribuible a Autoridad Portuaria, sino también a la gestión realizada por el anterior Consistorio.
Además, expresó su preocupación por la pérdida de viajeros y cruceros. Reynés también mencionó la designación de un nuevo gerente en el geriátrico y la reorganización de los trabajadores en el área de Servicios Sociales, entre otros asuntos.
Agilizar las inversiones en el puerto y sanear la economía
La alcaldesa Águeda Reynés aseguró que el Ayuntamiento agilizará las inversiones y la tramitación de proyectos en la zona portuaria, además de solicitar la elaboración del Plan de Usos de este ámbito, uno de los objetivos del equipo de gobierno junto a la decidida voluntad de sanear las maltrechas finanzas municipales, con la reducción del gasto corriente.
Reynés anunció una reordenación del tráfico en el Camí des Castell y la calle del Carmen, iniciativa que se tratará con los vecinos y los comerciantes de la zona, además de impulsar el proyecto de construcción de un hotel en el Paseo Marítimo.
Asimismo, se refirió a las mejoras de las calles Sant Josep, Sant Jordi y Cós de Gràcia, aunque el equipo de gobierno materializará los proyectos de forma individual, para evitar la ejecución simultánea de obras en varias zonas de la ciudad.
También indicó que el Ayuntamiento elaborará proyectos para promover la actividad económica del municipio, con la participación de un dinamizador comercial que figura en la plantilla.
Por otra parte, la alcaldesa subrayó que exigirá a los concejales del equipo de gobierno el nivel de trabajo alcanzado durante los primeros cien días de mandato municipal y la capacidad resolutiva en la gestión.
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