Sesión plenaria. Salvador Botella y Simón Gornés debatieron con intensidad con Vicenç Tur - Gemma Andreu

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El pleno de Maó aprobó ayer por unanimidad la prórroga por dos años y un importe de 4,9 millones del contrato de la recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria a la empresa FCC. Asimismo, PP y PSOE votaron conjuntamente a favor de la concertación de dos préstamos bancarios por 1.192.000 euros para afrontar el pago a proveedores.

El teniente de alcalde de Servicios Técnicos, Mateu Ainsa, expresó el compromiso del equipo de gobierno de conseguir que durante los próximos cuatro años haya una mayor limpieza de la ciudad, con el contacto diario con los responsables de la empresa concesionaria para incrementar la calidad del trabajo. La alcaldesa Águeda Reynés subrayó que durante el pasado mandato municipal el PP insistió en transmitir al pleno la sensación ciudadana de una deficiente limpieza urbana, por la falta de gestión municipal. El portavoz del PSOE, Vicenç Tur, ofreció su colaboración para abordar una nueva concesión dentro de dos años y justificó la gestión anterior por el aval de los técnicos.

Por su parte, el teniente de alcalde de Servicios Generales y Hacienda, Salvador Botella, aprovechó la aprobación definitiva de la ordenanza de los servicios funerarios para denunciar la pérdida del citado expediente, lo que había obligado a rehacer el mismo, y aseguró que "no es la primera vez que se pierden documentos". El portavoz del PSOE, Vicenç Tur, rechazó la acusación de extravío voluntario y que se pusiera en duda la gestión del anterior equipo de gobierno, "puesto que es un expediente cuyo contenido no tiene interés alguno para su sustracción", aseguró.

Por otra parte, el pleno rechazó la propuesta del PSOE para evaluar los cambios introducidos en las fiestas patronales y crear un concejo municipal de fiestas, puesto que el concejal Simón Gornés defendió que el equipo de gobierno ya realizaba este análisis crítico. Además, la concejala de Formación, Begoña Jusué, aludió a la grave situación financiera municipal para rechazar la propuesta socialista de recuperar el programa SOIB para 55 personas, en vez del programa de formación para 34 personas.