Como mínimo, las administraciones deben 4.314.000 euros a las empresas de construcción de Menorca. Así lo asegura la Asociación de Constructores de Balears, quienes advierten que esta situación, juntamente con la escasa actividad que registra el sector, provocará en los próximos meses una cantidad importante de cierre de empresas.
La cuantificación de la deuda de los poderes públicos con los constructores seguramente se ha quedado corta, explica el director de la Asociación, Manuel Gómez. Así, estima que la deuda real rondará los seis millones de euros, ya que la cifra anterior (4,3 millones) solamente incluye los impagos en obras con un presupuesto superior a los 350.000 euros.
Todas aquellas actuaciones realizadas con un coste inferior a esta cifra, estén o no cobradas, no se han contabilizado, lo que hace presumir, según los cálculos de Gómez, que el montante total ronda los seis millones de euros. En el conjunto de Balears, las administraciones deben unos 160 millones a las empresas de construcción.
A la hora de identificar a los deudores, la Asociación de Constructores prefiere no aportar cifras, pero sí apunta a que los ayuntamientos de Alaior y de Ciutadella, por este orden, son los que acumulan una mayor deuda en Menorca. En cambio, el Consell de Menorca está mucho mejor situado, según Manuel Gómez.
Muchas veces las cifras se quedan en eso, números fríos que no aportan nada. En este caso, no obstante, tanto la Asociación de Constructores de Baleares como PIME apuntan que las consecuencias de esta situación se van a notar en muchas familias. Actualmente, varias empresas del sector de la construcción tienen en marcha expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
Mediante esta solución, los trabajadores son enviados durante un tiempo (generalmente medio año) al paro, y así la empresa evita el cierre esperando que, pasado ese tiempo, pueda encontrar una solución a sus problemas económicos.
El problema llega cuando, una vez finalizado el ERTE, la situación no ha mejorado, sino al contrario, ha empeorado. Este es el panorama, explican los constructores, que se encuentran ahora mismo muchas empresas. Siguen sin cobrar lo que les deben las administraciones, y se enfrentan a una realidad en la que prácticamente no hay actividad económica, ni proyectos sobre la mesa, como lo corrobora mes tras mes el Colegio de Arquitectos.
Despidos definitivos
"Habrá bastantes empresas que tienen suspendidos temporalmente los contratos de sus empleados que se verán en una encrucijada cuando esta suspensión llegue a su fin. Llegará el momento de replantearse si se prolonga esta situación de suspensión o si, directamente, cierran la empresa", apunta Manuel Gómez.
Nicolau Bosch, presidente de los constructores de PIME, es aún más pesimista, y asegura que "la realidad en nuestra isla es más grave que en Mallorca, por ejemplo. Tenemos bastantes empresas con suspensiones temporales cuyo cierre es inminente. Actualmente, tener una empresa con operarios es una ruina", sentencia.
Bosch pronostica que en los próximos meses los constructores optarán por bajar la persiana de sus empresas y darse de alta como autónomos. "Pagarán menos impuestos y quizás sobrevivirán", cree.
El dirigente de PIME justifica su pesimismo -"estoy con la moral por los suelos"- en las pocas perspectivas de cobro de las deudas que detecta en su entorno. "Creo que pasan olímpicamente del tema. Todo se queda en palabras, cuando dicen que van a solucionar nuestra situación. Pasa el tiempo y no ves ninguna mejora y lo que es peor, ningún indicio de que más a largo plazo, el panorama vaya a ser mejor", describe.
No habrá parón
A nivel balear, estos días ha corrido el rumor de un posible plantón de la patronal para presionar y conseguir un gesto del Govern balear para agilizar los pagos pendientes.
Se habló incluso de un cierre patronal como medida de protesta. Esta medida, según ha confirmado este periódico, está descartada a día de hoy.
Los constructores quieren dar más tiempo al actual Ejecutivo autonómico para intentar hallar una solución. La principal demanda, como pasa en otros sectores, es el establecimiento de un calendario que especifique cómo y cuándo se van a pagar las deudas.
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