El pleno del Consell insular acordó ayer por mayoría absoluta, con los ocho votos del PP, finalizar y archivar el procedimiento de aprobación del Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales de la Isla. PSOE y PSM criticaron la propuesta del equipo de gobierno, al considerar que dicho plan era fruto del consenso dentro del sector y que preservaba el interés general.
El conseller Fernando Villalonga señaló que el Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales era perjudicial para la economía de la Isla y destacó la prioridad del equipo de gobierno del PP de minimizar los efectos de la crisis, con la adopción de medidas encaminadas a estimular la actividad económica. Villalonga aseguró que el plan frenaba la instalación de nuevos negocios y, al mismo tiempo, no satisfacía a los diversos sectores implicados.
"Este plan no defiende a los comercios de proximidad", aseguró.
La consellera del PSM, Maite Salord, criticó la celeridad del PP para llevar adelante su propuesta, al introducirla en el orden del día con carácter de urgencia, por lo que acusó al equipo de gobierno de limitar la participación y evitar el consenso. Salord aseguró que la normativa aprobada por el anterior gobierno insular era fundamental para proteger a los pequeños comerciantes y recalcó su carácter pionero en Balears.
La consellera nacionalista subrayó que la retirada del plan generará más desempleo y afirmó que representará un paso atrás en la comercialización de los productos locales, al no predominar en las grandes superficies comerciales. "Lo único que pretende el PP es defender los intereses de siempre", recalcó.
El conseller Joan Marquès cuestionó que el equipo de gobierno aprobase una medida con un informe jurídico que no contemplaba las consecuencias de su aprobación y, al mismo tiempo, señaló que dicho documento avalaba la legalidad del plan.
Al igual que Salord, el conseller socialista aseguró que la aprobación inicial del plan permitía la concesión de licencias y, además, negó que invadiese competencias municipales. Recordó que la ley balear de comercio era una normativa general, por lo que reivindicó la viabilidad del plan insular que, a su juicio, fue aprobado "a tenor de las competencias que tiene el Consell insular, ajustado a derecho y fruto del consenso con el sector".
Lazareto
El pleno rechazó, con los votos del equipo de gobierno, la propuesta de PSM para en el plazo de seis meses constituir una comisión formada por el Gobierno central y el Consell insular para llevar a cabo la transferencia de la propiedad, inversión y gestión de la isla del Lazareto a favor de la institución insular. Maite Salord aludió al valor paisajístico y patrimonial del Lazareto para que su gestión revierta en beneficio de los menorquines a través de su explotación turística. Salord cuestionó el injustificable uso reservado de sus instalaciones para el personal funcionario y político del Ministerio de Sanidad, después de reconocer el primer paso dado con el convenio de visitas suscrito este año con el Ministerio.
El conseller Marc Pons expresó su apoyo a la propuesta defendida por al consellera nacionalista, aunque también apostó por desarrollar al máximo el convenio de colaboración que permite acceder al Lazareto, con la organización de visitas y la celebración de actos culturales.
Por su parte, la consellera de Turismo, Salomé Cabrera, aludió a la complicada situación económica para justificar el rechazo de asumir la titularidad y gestión de un inmueble histórico que precisará de una importante dotación económica. Cabrera apeló a la responsabilidad política para establecer unas prioridades, entre las cuales no está la transferencia de la propiedad del Lazareto, y apostó por conseguir nuevos usos del recinto situado en el puerto de Maó, sin olvidarse de una futura reversión del mismo a la institución insular.
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