Era una muerte anunciada y la ejecución de la sentencia se cumplirá dentro de unos días. El equipo de gobierno del Consell que encabeza Santiago Tadeo, tiene la intención anular el Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales de Maó por vía de urgencia en el pleno del lunes 19 septiembre. Concretamente dejará sin efectos la aprobación inicial del Plan que salió adelante hace ahora un año, el 30 de julio de 2010, con los votos a favor del anterior equipo de gobierno PSOE-PSM.
Este documento regula las condiciones de implantación comercial, el número de metros a partir del cual pueden ubicarse establecimientos en los polígonos industriales prohibiendo en ellos, por ejemplo, la instalación de comercios minoristas salvo los que comercialicen productos voluminosos (muebles, embarcaciones, comercios o material de construcción).
Su trámite suscitó entonces una encendida polémica a favor y en contra. Para el pequeño comercio, el Plan es el instrumento necesario para evitar que el centro de las ciudades se vacíe de contenido comercial y además minimiza los efectos de la Directiva Europea de Liberalización de Servicios (Bolkestein) de obligado cumplimiento que permite el libre comercio y la instalación de grandes superficies.
Por contra, para los propietarios de parcelas en los polígonos industriales, el Plan es discriminatorio, porque modifica el uso inicial de los terrenos que en su día compraron a los ayuntamientos, al no permitir, por ejemplo, la instalación de comercios minoristas.
Compromiso
Los 'populares' ya habían anunciado estando en la oposición, y reiterado en la campaña electoral, que una de sus primeras decisiones si accedían al gobierno del Consell sería modificar el Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales y también el Plan Territorial Insular. Dentro de unos días se cumplirá el 50 por ciento de este compromiso.
El PP siempre ha considerado que el Plan de Equipamientos aprobado por el anterior equipo de gobierno frena la economía de Menorca y pone obstáculos a la iniciativa empresarial a través de un "intervencionismo anacrónico". A su juicio, el plan invade la autonomía municipal, e interviene y condiciona "de forma perversa", el diseño de los planes generales de ordenación urbana de cada municipio.
Además, para los 'populares' es sobre todo un documento restrictivo que condiciona posibles inversiones productivas y, por tanto, aseveran, perjudica a la sociedad menorquina, al no estimular, las inversiones y agravar el problema del paro.
El PP siempre ha mantenido al respecto que la Unión Europea es clara en materia de comercio y Menorca, en este sentido, está obligada a cumplir la Directiva Bolkestein. Los 'populares' recuerdan que islas como Mallorca y Eivissa no tienen un plan propio y trabajan con la Ley autonómica, que permite la instalación de grandes superficies en polígonos.
La misma normativa que regirá en Menorca a partir de la anulación del Plan de Equipamientos del anterior gobierno. El PP pretende así homologar Menorca al resto de territorios de Balears, para ganar competitividad y abrirse a los mercados.
Limita la actividad
El presidente del Consell, Santiago Tadeo, señala al respecto que en la actualidad existen muchos proyectos comerciales que pueden crear empleo en Menorca parados por culpa del Plan de Equipamientos, un lujo que en su opinión la Isla no puede permitirse en una situación económica tan grave como la que enfrentan cada día decenas de familias menorquinas.
"Actualmente tenemos los peores indicadores económicos de todas las islas porque siempre hemos querido ser los más restrictivos", denuncia. Ante las críticas que esta decisión pueda acarrear al equipo de gobierno desde el pequeño comercio, Tadeo, insiste en que es fiel al programa electoral del partido que fue apoyado mayoritariamente por los menorquines.
Además, recalca que el Plan de Equipamientos tampoco favorece al comercio de proximidad porque no pone en práctica políticas activas encaminadas a su defensa y desarrollo, perjudicando a los consumidores. El presidente insular considera que la competencia es buena para regular el comercio, especialmente desde el punto de vista del cliente, del consumidor final.
"Hemos tenido reuniones con el sector y lo tiene que entender. Sólo aplicamos lo que se hace en las otras islas, pero también hay que trabajar para favorecer el centro de las ciudades, que sean atractivas y comercialmente activas", señala.
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