La morosidad de las administraciones sitúa a la Fundació en un punto crítico

El problema es que lo pactado no se cumple. El colectivo, que agrupa a casi todas las entidades que se dedican a las personas con algún tipo de discapacidad, tiene pendiente de ingresar 1,8 millones de euros, principalmente del Govern por las plazas concertadas, mientras que sus obligaciones de pago ascienden a 1,12 millones. Desde enero no percibe ni un euro de la administración autonómica. Eso ha obligado a la Fundació a vaciar una línea de factoring de un millón de euros. El Govern y el Consell suelen firmar el convenio de concertación de plazas en noviembre. Pons Sintes cree que es urgente que se suscriba lo antes posible, para que el Consell puede volver a dar crédito a la Fundació. Entre las deudas del Govern se incluye el pago de las obras del centro Carlos Mir. A los industriales que llevaron a cabo los trabajos y el equipamiento se les deben casi 480.000 euros.

Los ayuntamientos, que forman parte de la Fundació, no cumplen con sus obligaciones, salvo el de Sant Lluís. Tres de ellos no han abonado nunca la aportación que se estableció en función de la población de cada municipio desde la creación de la Fundació en 2008. Esta deuda representa en conjunto 109.703 euros. Los auditores de la entidad, mandan cada año una carta a los ayuntamiento para que reconozcan la deuda. Algunos de ellos, ni contestan.

Las administraciones locales cada día contratan más servicios de catering o de jardinería con la Fundació, seguramente porque representa un coste más económico. Pero la morosidad en el pago de las facturas es preocupante. A 30 de junio representaba una deuda de 332.346 euros, de los que casi 90.000 corresponden al año pasado. Esta situación ha obligado a la entidad de servicios sociales a dejar de pagar a los proveedores desde marzo. El catering social, donde se prepara un gran número de menús cada día, ya se resiente, puesto que algunos proveedores han advertido que no pueden seguir entregando mercancía sin cobrar las facturas. El Ayuntamiento de Ciutadella, el principal cliente de este servicio, no paga desde enero. Otros municipios, como Alaior tienen pendiente de abonar los servicios de jardinería realizados en 2010.

Los representantes de las administraciones públicas conocen la situación económica de la Fundació. La precariedad de sus cuentas fue planteada por Marc Pons en una reunión de alcaldes y fue una de las cuestiones de la constitución del nuevo patronato, a raíz del cambio en los gobiernos locales.

Las entidades financieras están a la expectativa, ante el plan de saneamiento que el Govern debe poner en marcha. De momento no hay más líneas de crédito para la Fundació de Persones amb Discapacitat. No quieren aceptar ni el patrimonio de la entidad como garantía, porque seguramente no serían capaces de embargar a esta entidad social en caso de impago. Una de las opciones que se plantean es contratar un servicio de confirming, lo que obligaría a las administraciones a cumplir con los bancos unos plazos de pago que son obviados con la Fundació. De todas formas, a final de año el coste financiero puede ascender a unos 120.000 euros. Según Manuel Pons, este gasto afecta al presupuesto y a los servicios que presta el colectivo social.

La Fundació ha recurrido a dos aplazamientos del pago de IRPF y también de las cuotas de la Seguridad Social. Si no cumple el próximo mes con este organismo, perderá las bonificaciones que tiene por la contratación de 52 personas discapacitadas y que en la mayoría de casos son del 100 por cien.

Las urgencias de la Fundació se multiplican.