El Govern da a los ayuntamientos dos años más para regularizar los servicios de alcantarillado en zonas residenciales y viviendas unifamiliares aisladas, de forma que el periodo del que dispondrán estas instituciones para aprobar el proyecto se prorroga hasta el año 2013 y el plazo para que estas obras se ejecuten y se pongan en funcionamiento se amplía hasta el año 2014.
El Ejecutivo aprobó ayer prorrogar los plazos recogidos en el artículo tres de la Ley 10/2010, de 27 de julio, de medidas urgentes relativas a determinadas infraestructuras y equipamientos de interés general en materia de ordenación territorial, urbanismo y de impulso a la inversión.
Concretamente, en esta normativa se fijó una normativa transitoria que exceptuaba en determinados supuestos de suelo urbano y urbanizable la necesidad de implantación del servicio de alcantarillado, para el otorgamiento de licencias, certificados de finales de obra y cédulas de habitabilidad para viviendas unifamiliares aisladas.
Hasta ahora, el citado artículo exigía que en el plazo de un año, contado desde la entrada en vigor de la Ley, los ayuntamientos debían haber aprobado definitivamente el pertinente proyecto de urbanización o dotación de servicios que implantara el sistema de alcantarillado, incluyendo las conexiones a los sistemas generales de depuración y, asimismo, las obras mencionadas se debían ejecutar y estar en funcionamiento antes de dos años desde la entrada en vigor de la Ley.
Esta normativa afectaba muy directamente a las urbanizaciones costeras y había generado un cierto temor entre los distintos colectivos relacionados con la construcción y las propias administraciones públicas insular y locales habían reclamado una moratoria.
En este sentido, el portavoz del Govern, Rafael Bosch, explicó que el primer plazo de un año se agota el día 5 de agosto de este año, y la situación, a día de hoy, es que "la mayoría de ayuntamientos afectados de Balears no han aprobado definitivamente los citados proyectos de urbanización o dotación de servicios de alcantarillado".
Por ello, indicó que si no se hubiesen prorrogado los plazos, determinados ámbitos de suelo urbano y urbanizable ejecutados sin este servicio quedarían a partir de esta fecha paralizados por la imposibilidad de otorgar nuevas licencias, certificados de final de obra o cédulas de habitabilidad, hecho que, a su juicio, "agravaría, en las actuales circunstancias de crisis, la difícil situación económica tanto del sector público, como del privado".
Finalmente, destacó que la posibilidad de seguir otorgando licencias en los terrenos afectados será "motivo de dinamización de las empresas de un sector especialmente castigado por la crisis".
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