Diez años de prisión para los asaltantes a los dueños de Truvi

En su sentencia, el juez desmonta una tras otra todas las coartadas que habían esgrimido los dos acusados en sus declaraciones y también durante la vista oral. "Existen indicios suficientes y plurales, derivados de hechos absolutamente acreditados en el acto del juicio oral, para destruir la presunción de inocencia de los acusados y fundar la condena como autores de los delitos y faltas señalados", esgrime el magistrado. Así, la primera coartada que se cae es la de Gheorghe Sigel en la que aseguraba que en la noche de los hechos, la del 6 al 7 de julio, se encontraba fuera de la Isla. La declaración de un testimonio que le vio en Ferreries a las diez de la noche desmonta esta versión, y sitúa también al otro inculpado, Oussama Mesmoudi, acompañando a Sigel.

Otra de las versiones de los inculpados que quedó desmontada fue la de Mesmoudi cuando aseguraba que él no había estado en un bar de Ferreries para comprar tres bocadillos, concretamente de atún con tomate. La versión posterior de Mesmoudi, admitiendo que sí había estado en Ferreries pero que fue a visitar a un amigo suyo, quedó también desacreditada cuando el amigo en cuestión negó haber visto a Mesmoudi esa noche.

Por último, Mesmoudi había admitido en su día que el vehículo en el que se encontraron pruebas evidentes del asalto era de su propiedad, pero aseguró que se lo habían robado. En su sentencia, el magistrado considera probado que el vehículo no había sido forzado y que nadie lo había cogido aquella noche excepto el marroquí.

Así, con todas las coartadas desmontadas, el magistrado considera que los acusados "agredieron de forma inmisericorde y brutal" al matrimonio dueño de Truvi. Relata la gravedad de las heridas causadas a los asaltados, especialmente a Sebastià Truyol, que necesitó 200 días para rehacerse de las heridas y que, según narra la sentencia, "si no le hubiera sido dispensado de una manera pronta y eficaz tratamiento médico de urgencia le habría podido provocar la muerte". Además, el juez considera que los asaltantes actuaron con alevosía realizando "una agresión ejecutada sobre seguro. Es más que una mera desproporción de fuerzas o un abuso de superioridad; es una indefensión total y absoluta creada o aprovechada por los autores". El magistrado considera que los acusados tenían la intención clara de usar la violencia física incluso antes de llegar a la casa. Además, el hecho de que usaran disfraz (iban con la cara tapada con un pasamontañas) es considerado también un agravante del delito de lesiones.

El Ministerio Fiscal pedía en total once años y medio de prisión para cada uno de los acusados, puesto que también consideraba que se había producido un robo con fuerza en las cosas cuando los acusados entraron en el centro de jardinería y robaron unas chucherías de una máquina expendedora. En este punto, el juez admite que este hecho podría haberse producido pero que, al no haberse probado durante el juicio, no puede considerarse este delito y sí una falta de hurto. En este punto, el magistrado considera que si el ministerio fiscal simplemente hubiera aportado la declaración de uno de los agentes de seguridad que analizó la máquina expendedora, el delito podría haberse probado, y la pena aplicada a los inculpados hubiera podido ser mayor.

A los diez años de prisión a cada uno de los inculpados hay que añadir una multa de 366 euros a cada uno de ellos, por las faltas de lesiones y de hurto.