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Quesería Menorquina, una de las empresas que se encontraba integrada en Nueva Rumasa y hoy en manos de sus trabajadores, cuenta con un activo de 38,45 millones de euros y un pasivo exigible de 13,3 millones, lo que arroja un superávit patrimonial de 25,15 millones, según una información ofrecida ayer por la agencia EFE. Este superávit patrimonial es puramente contable, porque no se corresponde con la realidad económica ni financiera de la empresa, que en estos momentos soporta graves problemas de liquidez y transita por un ERE temporal, mientras se trabaja intensamente para conseguir nuevos contratos de producción.

El informe de la administración concursal remitido al Juzgado de lo Mercantil número 2 de Palma, al que ha tenido acceso Efeagro, apunta que pedirán la retroacción de la constitución de la hipoteca de la fábrica de Quesería Menorquina, realizada por un valor de 15 millones de euros, uno de los motivos por lo que este crédito no está incluido en el pasivo exigible en el informe.

El órgano de gestión del concurso de acreedores de Quesería Menorquina ha asegurado que la futura viabilidad patrimonial de la compañía pasa por la rescisión de la garantía real hipotecaria que grava el inmueble a favor de Santander Factoring Confirming.

Esta entidad cedió el contrato a la sociedad Promontoria Holding 36 BV el pasado 10 de mayo a través de una operación de compraventa, con lo que esta última se ha convertido además, en beneficiaria de la garantía otorgada por Quesería Menorquina.

Los administradores vinculan la supervivencia de la compañía a la firma de un nuevo contrato de coproducción con Kraft Foods España, ya que en la actualidad está rescindido debido a que Quesería Menorquina incumplió sus compromisos de producción, debido a la falta de liquidez para pagar la materia prima a los proveedores.

La administración concursal está formada por el abogado Joan Buades Feliu, por los economistas Pedro Bautista Martín y la sociedad Mascaró Morena (que ha designado a Onofre Martorell).

Han detallado que la tesorería de Quesería Menorquina fue transferida a cuentas de esta compañía pero ahora gestionada "exclusivamente por apoderados diferentes a los que gestionaban las cuentas corrientes de la operativa del negocio".

Desde esas cuentas se transfirieron posteriormente fondos a cuentas bancarias operadas por la sociedad Bardajera, de la que es administrador único el sobrino de José María Ruiz-Mateos Zoilo Pazos Jiménez.

Una actuación que, según el informe, perjudica considerablemente la solvencia financiera de Quesería Menorquina puesto que le deja sin liquidez con la que atender a sus compromisos financieros, por lo que "queda a expensas de recibir financiación de Bardajera para poder afrontarlos".

La administración concursal ha asegurado que se plantea actuar contra Bardajera y contra las personas físicas que pudieran haber actuado de forma directa o indirecta en el desvío de fondos de Quesería Menorquina.

En este sentido, el informe refleja que Bardajera suscribió un contrato por el cual pasaba a gestionar los sobrantes de tesorería que pudiera tener Quesería Menorquina, así como otras empresas del grupo que funcionaban bajo el criterio de "caja única".

Han detallado que "a pesar de no existir sobrante de tesorería, hasta el punto de llegar Quesería Menorquina a la situación de insolvencia, se desviaron a Bardajera importantes sumas de dinero" en total 8,79 millones de euros a fecha del informe.Pero no es la única que por operaciones entre 2009 y 2010 adeuda dinero a Quesería Menorquina.Entre las compañías de Nueva Rumasa que tienen una posición deudora con la empresa situada en Maó figuran: Grupo Dhul, 8.000 euros; Hibramer, 78.768 euros; Toribio y Abilio, 7.453 euros; Clesa, 3.000 euros; Gambin Garres Hermanos, 38.575 euros y Carcesa, 261.899 euros. En conjunto, estas deudas de empresas del holding con Quesería Menorquina representan alrededor de 8 millones de euros, una cantidad que consta en el informe de la administración concursal pero que es evidente que se trata de un dinero casi imposible de cobrar.Los acreedores dispondrán ahora de un plazo para la presentación de impugnaciones del informe, que constarán como incidentes concursales que el juzgado deberá resolver. Después se abrirá un plazo para la presentación de un convenio con los acreedores.