En el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Ciutadella se acumulan más de 400 expedientes pendientes de tramitar. Una cifra que el actual alcalde, José María de Sintas, considera excesiva y que ha motivado dos decisiones de peso en este área.
La primera, devolver la gestión de los expedientes de disciplina urbanística en suelo urbano a la empresa que recauda los impuestos locales y que ya se hacía cargo de esta labor antes de que PSOE y PSM cogieron las riendas del Consistorio. La segunda decisión, que aún está por concretar, es la salida del Ayuntamiento de Ciutadella del consorcio insular de disciplina en suelo rústico.
Esta segunda medida requiere de un acuerdo político, puesto que el Partido Popular gobierna en minoría en Ciutadella. De Sintas es consciente de este hecho, y por eso busca argumentos de peso para convencer a alguno de los partidos de la oposición. De momento, ha encargado un estudio económico para conocer las ventajas e inconvenientes de pertenecer al organismo insular.
En el fondo de la cuestión está la mecánica de funcionamiento del consorcio, que paga su estructura con lo que se recauda de las sanciones. De Sintas está convencido que con una gestión directa desde el Ayuntamiento se podría optimizar el rendimiento de estos recursos. De hecho, su apuesta es que estos expedientes en suelo rústico también sean gestionados por la empresa que recauda los impuestos.
El alcalde se reunió ayer con el responsable de esta empresa, y también con el teniente de alcalde de Urbanismo, Ramon Sampol. En el encuentro se acordó la ampliación de las funciones que hasta ahora desempeñaba Recaudación y Gestión de Tributos Locales, y a partir de ahora asumirá la gestión de los expedientes urbanos. Con esta decisión, se pretende agilizar la tramitación y a la vez aumentar la capacidad recaudadora. Eso, asegura Sampol, sin incrementar el coste para el Ayuntamiento, puesto que el convenio firmado en su día con esta empresa ya incluía esta función como una de sus responsabilidades.
Ramon Sampol entiende que en esta decisión no solamente pesa el dinero. Así, comenta que "no se trata únicamente de un tema económico y recaudatorio. Si los expedientes se tramitan adecuadamente y con celeridad se cumple la principal misión de los mismos, que es la restitución de la legalidad. Si no se tramitan los expedientes de disciplina urbanística, se está castigando a los que han optado por hacer las cosas bien, contar con todos los permisos necesarios y únicamente hacer lo que les permite la ley. Además, se produce un agravio comparativo con los que incumplen la normativa, que ven como sus acciones no acaban siendo sancionadas. Tenemos que demostrar que quien cumple la ley es quien hace las cosas bien. Los demás deben pagar las consecuencias de sus actos".
Caso por caso
Los 400 expedientes de disciplina urbanística que se acumulan en el Consistorio de Ciutadella tendrán diferentes destinos. Por un lado, aquellos que simplemente se encuentran atrasados serán reactivados con su traspaso a la empresa Recaudación y Gestión de Tributos Locales. Diferente es el caso de aquellos expedientes que han caducado.
En este caso, explica Sampol, "la infracción sigue vigente, aunque la tramitación haya agotado sus plazos. Por eso, nos tocará reiniciar estos expedientes, volver a hacer una inspección, informes y tramitar de nuevo algo que ya estaba avanzado. Perderemos tiempo, es cierto, pero al menos no perderemos dinero".
A esta explicación hay que añadir un detalle. Aquellos expedientes de disciplina urbanística en suelo rústico que tramitaba el Ayuntamiento, anteriores a la entrada del Consistorio en el consorcio, y que hayan caducado, no podrán ser reabiertos por el Ayuntamiento, puesto que actualmente las competencias en esta materia las ostenta precisamente el organismo insular, tras la decisión del pleno municipal del año 2009.
Para que el Consistorio pudiera reiniciar estos expedientes, sería necesario que Ciutadella recuperara la potestad en esta materia, lo que pasa por abandonar el consorcio.
La posible salida del Consorcio dependerá de la postura de UPCM
El voto de Joan Triay y de su Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) fue clave para materializar la entrada del Consistorio en el Consorcio insular de disciplina urbanística en suelo rústico, y ahora todo apunta a que en sus manos estará también la posible salida del mismo organismo.
Las matemáticas así lo dicen. El PP tiene diez votos en el pleno municipal, a uno de la mayoría absoluta. Todo hace pensar que ni PSOE ni PSM, impulsores del consorcio en su etapa en el Consell y también quienes apostaron por la entrada de Ciutadella en el organismo cuando asumieron las riendas del gobierno, no apoyarán la iniciativa del Partido Popular.
Así, a José María de Sintas solamente le quedan los dos votos de UPCM, partido que ha criticado la gestión de los expedientes urbanísticos hecha por Pilar Carbonero.
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