El excontable dice que Díaz Ferrán recibió dinero negro

Así lo puso de manifiesto Miguel V. durante la declaración que efectuó en calidad de testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 8, Antoni Rotger, en la que manifestó que aproximadamente un 5 por ciento de las cuentas de Trapsayates correspondía, desde que él llegó a esta sociedad en el año 2000, a cobros y pagos no declarados, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

De este modo, el excontable se ha ratificado en la declaración que ya prestó el pasado mes de diciembre en dependencias de la Jefatura Superior de Policía, después de que durante un registro en su vivienda fuese hallada documentación relacionada con esta contabilidad opaca al fisco.

El testigo ha puesto de manifiesto que esta práctica le fue ordenada por el consejero delegado José Manuel Domínguez, imputado en esta causa de presunta corrupción y quien también le dijo que preparase los 140.000 euros para que pudieran ser entregados a Díaz Ferrán, expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Sin embargo, este extremo fue negado por éste en su declaración como encausado, en la que rechazó que Trapsa haya tenido contabilidad en negro y que Domínguez le llevase a Madrid 140.000 euros en efectivo.

Mientras tanto, en el marco de este mismo caso aunque dentro de una ramificación que se encuentra bajo secreto, este miércoles quedaron en libertad el director de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Ángel Matías, y el ingeniero y ex funcionario del organismo público, Justo Aguado, tras ser detenidos el pasado martes. En concreto, sobre ellos pesan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y fraude, según informaron fuentes de la investigación a Europa Press.

Ambos fueron arrestados el martes en el marco de la segunda fase del caso Mar Blau, cuyas pesquisas se centran en el supuesto amaño de concursos para la adjudicación de la explotación de amarres en los puertos de Maó e Ibiza Nueva en favor de Trapsayates, vinculada a Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual. No obstante, dentro de esta nueva pieza se indaga el posible cobro de comisiones de un empresario catalán por unos informes que habrían tenido escasa utilidad.
Junto a Matías, defendido por José Zaforteza, y Aguado, asistido por Carlos Barceló, también fue detenido en esta operación el ingeniero José Luis Cardona Enrich, quien el mismo martes fue puesto en libertad con cargos.

Durante esa jornada se llevaron a cabo tres registros por orden del magistrado instructor del caso, que se practicaron en la vivienda de Matías, en la de Aguado y un tercero en Barcelona. De forma paralela, agentes del grupo de delincuencia económica de la Policía se trasladaron hasta la sede de la APB para buscar nueva documentación.

Aguado, funcionario ya jubilado de la APB y quien fue detenido en el aeropuerto de Son Sant Joan procedente de Eivissa, ya declaró ante el juez como imputado y en su comparecencia afirmó que asesoró en el concurso de amarres de Ibiza Nueva aunque negó que se hubieran producido presiones para que resultara favorecida la empresa Semar-Trapsayates.

Puerto de Maó

El otro de los procesos fue el concurso para la explotación de amarres del puerto de Maó, sobre el que se indaga el acuerdo que Teinver --perteneciente a Trapsa-- habría alcanzado con el Club Marítimo de Mahón para que éste, pese a haber quedado segundo en la convocatoria, resultase ganador al margen del dictamen de la mesa de contratación, a cambio de ceder a Trapsa -si renunciaba a la concesión- tres amarres de gran eslora y 13.526 euros más IVA.

Cristóbal Huguet

El exconseller del Gobierno Matas Cristóbal Huguet declaró también el miércoles ante el juez en calidad de imputado en la investigación sobre las presuntas comisiones por la realización de informes portuarios. La presencia del político menorquín en los juzgados de Palma coincidió con la puesta en libertad del exdirector de Autoridad Portuaria de Balears, Ángel Matías, y de los otros dos detenidos el día anterior en lo que ya se conoce como "operación Poseidón", nacida a raíz del caso "Mar Blau", que indaga sobre el presunto amaño en las concesiones de amarres en los puertos de Eivissa y Maó.

La declaración del extitular de Trabajo en los últimos años de la legislatura de 2003-2007 se encuentra bajo secreto de sumario a la espera de otras declaraciones y de que se cierre la investigación judicial. Por tanto, se ignora la causa concreta por la que el juez ha decretado la imputación de Huguet y el tiempo durante el cual se prolongará el trabajo de investigación sobre el entramado portuario. De hecho, la lógica apunta a su etapa como director general de Puertos, cargo que ocupó durante los primeros meses de la citada legislatura como el periodo en que se desarrollaron los hechos que forman parte del trabajo judicial de la "operación Poseidón".

La citación de Huguet podría estar relacionada con la declaración de alguno de los tres detenidos durante la jornada anterior. Es posible que el testimonio de algunos de ellos haya vinculado la actividad contractual de la Administración autonómica de entonces con alguna figura delictiva.

De hecho el principal contrato de la investigación judicial alude a varios informes técnicos relacionados con el puerto de Maó por el que supuestamente Autoridad Portuaria pagó 140.000 euros a la empresa de ingeniería Sener, una cantidad aparentemente inflada por encima de su coste real. Se sospecha que la declaración de los implicados en esas relaciones contractuales haya conducido a otros ámbitos de la Administración y que, entre los nombres citados, haya aparecido el de Cristóbal Huguet, aunque nada se concretará hasta que se levante el secreto de sumario decretado por el juez.