Un despliegue de 258 agentes vigilará los colegios electorales

El director insular de la Administración General del Estado, Javier Tejero, dio a conocer ayer los pormenores del dispositivo, acordado por la Junta Insular de Seguridad, que se pondrá en marcha la medianoche del día 21 y finalizará a las 9 de la mañana del lunes 23 de mayo, cuando las actas de las votaciones se envíen a la Junta Electoral en Palma.

A los efectivos policiales hay que sumar los 91 representantes de la Administración central que estarán en cada una de las mesas electorales (91 en total) y que recogerán información para los muestreos que se ofrecerán a las 14 horas y al cierre de los colegios, a las 20 horas.

Además, otras veinte personas serán las encargadas de capturar datos de manera electrónica, por primera vez en Menorca a través de ordenadores de bolsillo o PDA, que se transmitirán directamente al Ministerio de Interior. Diez de estas personas trabajarán en Maó y otras diez en Ciutadella.

En todo el archipiélago se distribuirán por los colegios 1.136 representantes de la Administración, mientras que en el Centro de Recogida de Información de la Delegación del Gobierno en Palma trabajarán sesenta personas.

Distintos censos
El número de electores varía según se trate de los comicios para elegir la composición de los ayuntamientos, el Parlament balear o el Consell. Así, según informaron el director de la Administración del Estado en Menorca, Javier Tejero, y el secretario, Javier Bermejo, la elección de los consellers recae exclusivamente sobre los ciudadanos españoles que residen en la Isla, 64.139 votantes.

Para las elecciones al Parlament balear el censo es de 65.437 personas (los españoles residentes más los 1.298 nacionales que viven en el extranjero), mientras que para los ayuntamientos el número de electores asciende a 66.008, ya que pueden votar, además de los residentes españoles los 1.869 residentes extranjeros. En este último colectivo se incluyen tanto los ciudadanos de la Unión Europea como los de países con los que España mantiene convenios para poder ejercer el derecho al sufragio, como son Uruguay, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay o Nueva Zelanda.