Valeriano Allés Canet no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados ante las acusaciones públicas de Joan Triay. El empresario confirmó a última hora de ayer que había interpuesto una denuncia ante el Ayuntamiento de Ciutadella por la existencia de irregularidades en fincas propiedad del concejal de Unió des Poble de Ciutadella de Menorca. Asimismo estudia la fórmula jurídica oportuna para defenderse de lo que él considera una vulneración de datos de carácter personal.
El empresario cantero no ocultaba ayer su indignación por la actitud que Triay está manteniendo. "Es un embustero, él es quien no tiene licencia para la piscina", espetaba Allés antes de reiterar que no es cierto que existan cinco expedientes de disciplina urbanística abiertos contra él y de cuestionar el hecho de que "estos datos estén en medio de la calle", lo que a su juicio constituye un "abuso de poder" por parte del concejal.
"No descartamos acciones legales por la divulgación de expedientes urbanísticos y estamos estudiando una posible querella criminal", asegura el empresario. Este extremo era confirmado ayer por su abogado, quien explicó que estaban sopesando qué acciones privadas debían emprender por entender que dar publicidad a expedientes que tienen carácter privado podría atentar contra la dignidad del empresario.
Esta opción se adoptaba, según el letrado, tras realizar la pertinente consulta a la Agencia de Protección de Datos que descartó intervenir por no actuar Triay en nombre del Ayuntamiento sino a título particular, no obstante, las fuentes de la citada agencia remarcaron ayer que este tipo de datos sí gozan de protección con lo que es factible acudir a la justicia ordinaria para el caso de que se divulguen injustificadamente.
A falta de que se concreten estas medidas legales, Allés no duda en cargar las tintas contra el concejal y alcaldable por UPCM, a quien no duda en calificar de "la cruz del pueblo de Ciutadella", y contra todo lo que ha acaecido en torno a su actividad empresarial, "el fraude político más grande de la democracia en Balears", según sus propias palabras. Para Allés, Triay está detrás del cierre de la cantera como está detrás de muchas polémicas que han sacudido la ciudad de Poniente.
"Ha ido a por todos aunque no haya conseguido nada. Habría que preguntarse qué cuesta al Ayuntamiento todo lo que promueve Triay cuando existen juzgados y fiscalía para investigar", argumenta Allés, quien responsabiliza del cierre de la planta que acabó con 55 familias en la calle.
En este sentido, Allés reitera que, en contra, de lo que sostienen tanto Triay como el Consell, él siempre ha contado con las autorizaciones pertinentes para ejecutar los proyectos relativos a su actividad económica y que las acusaciones en relación a Binigarba han sido archivadas por la Fiscalía, a la vez que incide en el hecho de que el concejal de UPCM es uno de los principales beneficiarios de los obstáculos con los que ha tropezado su negocio.
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