La discoteca Tonic de Son Vilar vuelve a situarse en el centro de la polémica. El local deberá cerrar sus puertas de forma cautelar hasta la resolución del recurso presentado por el Ayuntamiento de Es Castell contra su reapertura. El Consistorio apeló recientemente ante el TSJIB (Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears) la sentencia que declaró nulo el cierre del local decretado por el gobierno local en 2006 y que permitió el pasado mes de noviembre la reapertura de Tonic. Ahora, el El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma ha rechazado la petición de los propietarios del local que reclamaban el cumplimiento de la sentencia a su favor, en concreto su "ejecución provisional" hasta conocerse el fallo del recurso presentado por el Consistorio. El juez considera que su aplicación podría causar "perjuicios de imposible reparación" y, por tanto, el local deberá cerrar de nuevo sus puertas.
De forma paralela, el Ayuntamiento de Es Castell ha ordenado el cierre de la sala a través de una resolución de alcaldía. El Consistorio se acoge al auto judicial del Juzgado de lo Contencioso Administrativo palmesano y a que los responsables de la discoteca tampoco han presentado en tiempo y forma ante el Ayuntamiento un plan de seguridad, en concreto un Plan de Autoprotección de la Dirección General de Emergencias necesario para la concesión de la licencia de reapertura. En la resolución dictada el pasado día 6 advierte que en el caso de incumplimiento de esta disposición, se ordenará a la Policía Local de Es Castell el precinto de la entrada del local.
La propiedad dice que abrirá
Carlos Esbert, uno de los responsables de la discoteca, aseguró ayer haber presentado el correspondiente recurso de apelación contra el auto judicial y contra la resolución municipal y, en consecuencia, aseveró rotundo que este fin de semana (viernes, sábado y domingo) la sala abrirá sus puertas como lo ha estado haciendo desde el pasado mes de noviembre. Recalca que el plazo dado por el juzgado para presentar el recurso de reposición no concluye hasta el próximo lunes día 18 y, por tanto, el posible cierre no puede ser ejecutado hasta entonces. No obstante, el plazo de cinco días dado por el Ayuntamiento de Es Castell para el cumplimiento de la orden de cierre "por falta de licencia de reapertura" ya se ha cumplido. En su caso serán ahora los técnicos del Consistorio quienes deberán decidir si la presentación del recurso por parte de la propiedad pospone o no la ejecución de la orden de cierre.
Además, Esbert insiste en haber presentado el plan de emergencias exigido por el Ayuntamiento hasta en tres ocasiones "sellado y aprobado". Recuerda igualmente que el local cuenta con licencia de apertura desde 1987 y añade lo "injusto" del auto dictado por la sala de lo Contencioso de Palma.
Una sentencia declarativa
En este sentido, el auto rechaza la ejecución provisional de la sentencia que ha permitido la reapertura de la discoteca durante unos meses al entender que el fallo es "meramente declarativo", y, en su caso, no reconoce la situación jurídica de la discoteca y tampoco impone al Ayuntamiento la obligación de permitir la actividad al amparo de la licencia otorgada en su día si el permiso no se ajusta a la normativa aplicable en cada momento.
Una polémica histórica con una intensa protesta vecinal
El Ayuntamiento de Es Castell decretó la clausura de la discoteca Tonic en enero de 2006. El motivo fue el supuesto incumplimiento de la normativa para la reapertura del local, que permaneció sin actividad durante varios años. A esta resolución se sumó la protesta de un grupo de vecinos. En 2010 una sentencia judicial en el procedimiento ordinario declaró nulo el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Es Castell de 2006.
En otoño del año pasado la discoteca reabrió sus puertas en medio de la protesta vecinal.
Entonces la propiedad del local de ocio llegó a comentar la posibilidad de reclamar al Ayuntamiento daños y perjuicios por el cierre. A pesar de las reuniones mantenidas por el Ayuntamiento con los propietarios, para reconducir la situación y ante las crecientes quejas de un grupo de vecinos, el Consistorio aprobó la presentación de un recurso ante el TSIB contra la sentencia. Además, acordó la caducidad de la solicitud de reapertura del local de ocio al no presentar la propiedad en tiempo y forma la documentación solicitada.
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