Los pliegos de cláusulas administrativas para la contratación de obras o similares del Consell de Menorca incluyen ya a día de hoy una nueva condición especial de obligado cumplimiento por parte de las empresas adjudicatarias que establece que, en el caso de requerir mano de obra no cualificada, deberán seleccionar el personal de entre una lista de candidatos en riesgo de exclusión social facilitada por los servicios de orientación laboral adscritos a la Dirección Insular de Trabajo y Formación.
A través de esta iniciativa, la administración insular pretende aumentar las posibilidades de ocupación de 1.238 profesionales del sector de la construcción que permanecen inscritos en el Servicio de Ocupación de las Illes Balears (SOIB), especialmente de aquellos menos calificados y, por tanto, con un menor grado de inserción laboral.
Las cláusulas sociales que el Consell incorpora a los procesos de contratación de obras recogen también que, en el caso de empate en la puntuación de las diferentes ofertas presentadas, continuarán teniendo ventajas aquellas empresas con más personas con discapacidad en su plantilla, así como aquellas que dispongan de un plan efectivo de igualdad.
Estas medidas obedecen a la estrategia de la institución insular de incorporar a la gestión corporativa aquellos instrumentos que responden a los valores de la responsabilidad social corporativa y que permiten conjugar la eficiencia o el servicio público con la equidad o el bien común.
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