Quesería pretende crear una sociedad laboral como salida

Pero aunque la juez ha apartado temporalmente a la familia Ruiz-Mateos de la gestión de la empresa, para dejarla en manos de tres administradores judiciales, el grupo Nueva Rumasa sigue siendo el propietario de la planta a través de la empresa extremeña Carcesa (también en proceso concursal), dueña del cien por cien de las acciones de Quesería. Esta circunstancia está lastrando los intentos de trabajadores y directivos por salvar a la antigua fábrica de El Caserío de la quiebra y posiblemente dificulte la labor de los administradores.

Sociedad Laboral

Una de las alternativas que surge con mayor fuerza es la creación de una sociedad laboral. Esta sólo sería posible si la familia Ruiz Mateos se desvincula de la empresa. Los trabajadores serían los propietarios del 51 por ciento del capital social y el resto estaría en manos de accionistas que no son trabajadores, mayoritariamente empresas de Menorca que, al parecer, han mostrado interés en esta posibilidad. Incluso ya se podría haber firmado un compromiso de compraventa.

De momento, la fábrica sigue funcionando a medio gas y la actividad se reduce sólo a una de las tres líneas de producción, la de porciones, a la espera de las nuevas decisiones que adopte la administración concursal. Los trabajadores se muestran confiados tras la declaración de quiebra por parte de la juez, a pesar de que la empresa les adeuda ya dos meses de salario y una paga; algo más de un millón de euros.

"Es un mal menor, necesario y urgente. Estábamos en una situación de limbo legal. Lo que deseábamos es que el auto apartara definitivamente a la familia Ruiz Mateos para salvar la situación, pero dentro de la gravedad estamos contentos", comentó ayer la secretaria del comité de empresa de Quesería, Margot Sastre, tras conocer la declaración del concurso de acreedores. "Ahora serán los administradores los que decidan, por eso nos hemos personado en el concurso para valorar y dar nuestra opinión sobre las decisiones que adopten", agregó. La Administración judicial pondrá negro sobre blanco y finalmente se podrá conocer el estado real de las cuentas de la empresa, una condición imprescindible para la puesta en marcha de cualquier nuevo plan de negocio.