CITUR, el sueño de Gabriel Cardona convertido en pesadilla

En el ojo del huracán está la gestión de Gabriel Cardona, exconcejal de Turismo por el PP primero y después por el Grupo Mixto. Él era el máximo responsable del ente desde que se creó hasta que dejó el gobierno, y a él señalan algunos dedos como principal responsable de las presuntas irregularidades que se investigan. Suya fue la propuesta de crear CITUR, en julio de 2005. Quería un ente independiente para gestionar los planes de inversión turística en el municipio. El Plan de Dinamización del Producto Turístico (PDPT) suponía la llegada de un montón de euros para invertir, y sería CITUR, bajo el mando de Cardona, quien los acabaría gestionando. El primer paso de este ente fue la creación de una sede propia, en el local que anteriormente ocupaba la Policía Nacional en plena Plaça des Born.

Incluso esta primera decisión de CITUR, cuando aún no estaba constituido formalmente, despertó sospechas meses después, y puso sobre la mesa uno de los principales nombres en este caso: Daniel Aguiló Ferretjans. El ingeniero mallorquín figuraba como redactor del proyecto de reforma de la sede, y para ello incluso Cardona pidió al entonces alcalde Llorenç Brondo que firmara un decreto para que se le pagara este trabajo, por el que facturaba unos 20.000 euros. La sorpresa vino cuando se descubrió que quién realmente había redactado el proyecto eran los servicios municipales, es decir, que el trabajo no debía pagarse a nadie externo. A partir de aquí, se descubrió otro punto célebre en este caso, el decreto 50, del que se demostró que existían dos versiones: la original, que ordenaba el pago a Aguiló, y otra modificada posteriormente, con otra temática totalmente diferente.

Este esquema o similar es el que se reproduce en la mayoría de los puntos de la gestión de CITUR que están bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción, y que ya denunció en septiembre de 2008 Joan Triay, cuando pidió la dimisión de Gabriel Cardona. Entonces, la denuncia era la que seguramente es la otra situación más gráfica del caso: la tercera fase del palmeral de Cala en Blanes. Según apareció en todos los medios de comunicación, esta actuación acabó en febrero de 2008. Se podía comprobar en las fotografías que publicaban los periódicos. Cuatro meses más tarde, el 16 de junio de 2008, el Ayuntamiento adjudicaba la redacción del proyecto de la tercera fase del palmeral de Cala en Blanes, de nuevo a Daniel Aguiló Ferretjans, a pesar de que la obra ya había sido inaugurada y de que tanto el alcalde Brondo como Cardona habían asegurado en un documento oficial que la actuación estaba más que lista.

Estos hechos y otros fueron surgiendo de la comisión de investigación sobre CITUR que pidió Joan Triay, y que presidió primero Pilar Carbonero y después el propio concejal de UPCM. Era la segunda comisión en poco tiempo. La primera, la de Nerer, había dinamitado el pacto entre PP y UPCM, y al final acabó por provocar la escisión en el PP y el paso de nueve de sus concejales (entre ellos Cardona, Brondo y Antònia Salord) al Grupo Mixto. Hubo quien criticó la mediatización de las labores de esta comisión, asegurando que se estaba juzgando a Cardona antes de que lo hiciera un estamento judicial. Puede ser que así fuera, pero vistos los acontecimientos de estos días, nadie podrá poner en duda que lo que salió de la comisión tenía fundamento, porque si no la Fiscalía Anticorrupción no monta la que ha montado estos días en Ciutadella. Esto no presupone culpabilidad para nadie -esta labor es de los jueces-, pero sí avala el trabajo de la comisión.

De lo que ha pasado hasta ahora, se puede deducir que Llorenç Brondo era casi un espectador en la gestión de CITUR, un alcalde que se limitaba a firmar los decretos que le pasaban sin siquiera imaginar que podrían ser irregulares. Este papel de actor secundario le valió su puesta en libertad, aunque con cargos. Algo muy parecido puede pasar con Avel·lí Casasnovas. Él era el presidente del Consorci Pla Mirall, entidad que adjudicó varias obras mediante supuestos concursos públicos en los que concurrían siempre tres empresas y que están bajo sospecha al considerar que podrían estar amañados, pensando que se adjudicaba el contrato a dedo a una empresa y después se presentaban otros dos presupuestos falsos para simular que se había procedido a un concurso público. Algunas burdas manipulaciones hechas a boli en algunas de los presupuestos avalarían este teoría. De Antònia Salord, la imputada sorpresa, se sabe que se le ha metido en el caso por unos decretos que firmó cuando era alcaldesa accidental. La apariencia apunta a que su situación es similar a la de Brondo y Casasnovas.

Diferente parece ser la situación de Gabriel Cardona. Durante la comisión de investigación, algunos técnicos le señalaron directamente como el autor de las órdenes de falsificar decretos y documentos públicos. Falta también saber cuál era su relación con el ingeniero Daniel Aguiló, a quien se le adjudicaron una gran cantidad de trabajos desde CITUR que cobraba a unos precios muy superiores a los que recomienda el colegio profesional de ingenieros. Cardona no quiso declarar ante la comisión de investigación -optó por contar una fábula-; tampoco lo hizo el miércoles ante los fiscales anticorrupción. Se reservó sus explicaciones para la juez.

Es indudable que el caso CITUR, o la operación Xoriguer, como se le quiera llamar, marcará un antes y un después en la vida política de Ciutadella. Tres políticos en prisión y otra imputada es demasiado bagaje como para pasar inadvertido. Algunos pensaban que esto nunca iba a pasar en Menorca. Incluso algunos políticos debían desconocer lo que implicaba enviar un caso a la Fiscalía Anticorrupción, puesto que ahora critican el despliegue de medios en el registro de CITUR primero y en las detenciones y declaraciones después. Con los ejemplos de la isla vecina, uno ya sabía lo que es la Fiscalía Anticorrupción y cómo actúa cuando actúa. Quizás aún no está cerrado del todo el frente de críticas hacia lo que algunos consideran una actuación desmesurada.
Falta por ver ahora cómo esta situación afecta al futuro más presente de Ciutadella. En menos de dos meses hay elecciones, y al caso CITUR se le añadirá el juicio de Ses Rates. Los ciudadanos llevaban tiempo hablando de corrupción. Ahora de los comentarios se ha pasado a los juicios. Está por ver si esto pasa factura en las urnas en un municipio con muchos votantes fieles. El Partido Popular ha insistido una y otra vez en que las presuntas actuaciones irregulares son obras de las personas, no de los partidos, pero la duda está en saber si los votantes aplicarán esta máxima y si se verán influenciados por los casos que han salpicado el partido a nivel autonómico.

Y el último apunte debe ser en plano periodístico. No hay duda de que los hechos de los últimos días han agitado también el panorama mediático, y se ha demostrado la eficacia y rapidez del periodismo digital, con la web de este periódico como la más consultada en la Isla. Han sido muchas horas de guardias, muchos compañeros movilizados y mucha confusión en algunos momentos. Permítanme acabar este artículo agradeciendo las atenciones de aquellos ciudadanos que, a las tantas de la noche, se han interesado por nosotros y nos han ofrecido mil atenciones. También las familias han aguantado mucho estos días y, por qué no decirlo, también nosotros hemos formado parte de este espectáculo que, cabe recordarlo, no han provocado los medios de comunicación. La prensa simplemente ha informado. Los hechos son los que motivan el despliegue mediático, no al revés.