LL.A.C.Ciutadella30/03/11 0:00
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Las familias de Llorenç Brondo y Avel·lí Casasnovas, a través de sus abogados, han solicitado ante el juez la puesta en libertad de los dos detenidos al entender que su detención es improcedente. Los familiares aseguran que los dos expolíticos ya habían acudido a los tribunales para que les fuera notificada la existencia de una querella en contra suya. Concretamente, Brondo recogió la documentación de la querella el 4 de febrero, y Avel·lí Casasnovas lo hizo en fechas posteriores. También el otro detenido, Gabriel Cardona, se encontraba en la misma situación, puesto que recibió la documentación de la querella el 19 de enero.

Según las fuentes judiciales consultadas por este periódico, tanto Brondo como Casasnovas estaban avisados de que cualquier día podían ser citados a declarar, algo que estaban dispuestos a realizar sin ninguna oposición. Por eso, ahora no entienden como son detenidos y llevados a declarar a la fuerza. En este sentido, tanto el letrado de Brondo como el propio Avel·lí Casasnovas (que, como abogado, se representa de momento a sí mismo aunque está apoyado desde fuera de las dependencias judiciales por otro letrado) han presentado lo que técnicamente se conoce como un 'habeas corpus', la petición de que se les ponga en libertad.

Además, tanto uno como otro aseguran que desde que se les entregó la documentación de la querella hasta el día de ayer no se habían producido avances en el caso, con lo cual no entienden la detención. Incluso en el caso de Llorenç Brondo, su abogado Carlos Dubón asegura que la improcedencia de su detención es aún mayor si se tiene en cuenta que tuvo lugar quince minutos antes de que comenzaran los registros, de tal manera que entiende el letrado que no había ninguna prueba nueva que requiriera la detención de su defendido.

Una vez presentada la petición del 'habeas corpus', el juez tiene un día de plazo para tomar una decisión. La legislación actual permite mantener a una persona privada de libertad durante un máximo de 72 horas. Durante este tiempo, las autoridades que investigan el caso deben decidir si el detenido pasa a disposición judicial o bien si es puesto en libertad en caso de que no se encuentren pruebas suficientes de las presuntas irregularidades.