Llorenç Brondo, Gabriel Cardona y Avel·lí Casasnovas, detenidos por el caso CITUR

Los tres políticos fueron detenidos en Ciutadella, donde también fue arrestado el empresario Manel Mercadal. En Mallorca, la Guardia Civil detuvo al ingeniero Daniel Aguiló Ferretjans, y al exgerente del Plan de Dinamización del Producto Turístico (PDPT) de Ciutadella, Javier A. Liy Lozano. Los seis detenidos permanecen en dependencias policiales a la espera de pasar durante el día de hoy a disposición judicial.

La Guardia Civil de Balears, cuerpo al que se encargó la concreción de la operación y que llevó a cabo las detenciones, aseguraba ayer que la investigación del caso CITUR llevaba ya dos meses en vigor. En un comunicado, se afirma que "tras un riguroso examen de los indicios obtenidos se determinó la existencia de numerosas irregularidades, falsedades documentales y otros ilícitos penales". En base a esta situación, a las nueve de la mañana empezaba el registro en la sede de Ciutadella Turisme.

Las actuaciones estaban dirigidas en las mismas dependencias por los fiscales anticorrupción de Balears Pedro Horrach y Miquel Subirats, ayudados por algunos efectivos del Juzgado de Instrucción número 2 de Ciutadella, al que la Fiscalía solicitó su colaboración y que también investiga el caso CITUR a raíz de una querella presentada por Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM). A la misma hora en Mallorca se registraban las dependencias de la empresa SAB, supuestamente implicada también en las irregularidades y para la que trabajaban los dos técnicos detenidos.

En Menorca, el registro contó con la presencia de la alcaldesa de Ciutadella, Pilar Carbonero, y del concejal de Turismo, Vicenç Fontestad. La intervención en la sede de CITUR se prolongó hasta las seis y media de la tarde, con un parón de una hora al mediodía. En varias ocasiones se trasladaron hasta las dependencias de CITUR documentos procedentes de otros departamentos del Consistorio, para que fueran analizados conjuntamente con los hallados en el ente turístico. También se requirió la presencia de un técnico informático.

Durante la intervención se habló con varios funcionarios municipales del área de Turismo y también de otros departamentos, y algunos de ellos prestaron declaración ante la Guardia Civil. Mientras los agentes judiciales estaban en el interior de CITUR, las puertas de este organismo permanecían custodiadas por dos agentes de la Benemérita. También fueron inspeccionadas otras dependencias del Ayuntamiento de Ciutadella, como el área de intervención y los servicios jurídicos. En total, fueron ocho las horas de inspección.

Durante la jornada de ayer se aseguró en algún momento que alguno de estos funcionarios podría estar imputado, pero a estas horas no existe ninguna confirmación de esta información. En este sentido, la Fiscalía Anticorrupción ha decretado el secreto del sumario.

Tras los registros en CITUR, la decena de agentes de la Policía Judicial desplazados hasta Menorca para abordar la llamada Operación Xoriguer se llevaron doce cajas con documentación y dos ordenadores. Mientras, los detenidos permanecían incomunicados en dependencias policiales. Fuentes judiciales apuntan a que en las investigaciones sobre presuntos casos de corrupción se opta por utilizar el máximo plazo legal de detención de los imputados, para así poder analizar la información intervenida en los registros y poder de esta manera ampliar o reorientar los interrogatorios. De todos modos, todo apunta a que durante la jornada de hoy los detenidos pasarán a disposición judicial.

La investigación del caso CITUR surge tras las denuncias públicas realizadas por Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM). Tras constatar actuaciones supuestamente irregulares, el partido de Joan Triay insta a la creación de una comisión de investigación municipal que, tras meses de reuniones e investigaciones, emite 51 conclusiones en las que se apunta a pagos a una empresa de ingeniería muy por encima de lo recomendado, manipulación de documentos públicos, concursos públicos supuestamente amañados y proyectos cuya redacción se encargaba a pesar de que la actuación en sí ya había sido inaugurada y estaba totalmente acabada.

En una de estas conclusiones se acordó también remitir el caso a la Fiscalía Anticorrupción en diciembre de 2009, organismo que desde el pasado mes de enero trabaja en este tema, y que en ese mes tomó declaración a Joan Triay, quien presidió la comisión de investigación.

Paralelamente, UPCM presentó por su parte una querella ante el Juzgado número 2 de Ciutadella, relatando los mismos hechos que se derivaban de la comisión de investigación, y acusaba directamente a Gabriel Cardona de prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude. UPCM apoyaba su denuncia con 101 documentos.

La intervención de ayer responde a la primera investigación, la de Fiscalía Anticorrupción, pero al contar con la intervención del mismo juzgado que investiga la misma causa pero por otra vía, no se descarta que las dos actuaciones se fusionen y acaben finalmente en un único proceso judicial.