La deuda que mantienen la Comunidad Autónoma, el Consell y otras entidades locales con el Ayuntamiento de Maó supera los tres millones de euros, buena parte de esa cantidad en concepto de compromisos adquiridos para inversiones en el municipio y que aún no se han hecho efectivos. La cifra la aportó la teniente de alcalde de Servicios Generales, Àngels Andreu, en el pleno celebrado ayer, para salir al paso de las críticas de la oposición hacia la gestión económica del equipo de gobierno. El debate se generó ante la modificación de crédito del Presupuesto de 2011, punto que se aprobó con los votos de PSOE, PSM-Els Verds y EM-IU, y la abstención de PP y Ciudadanos.
Precisamente el portavoz del Grupo Popular, Juan Manuel Lafuente, cuestionó que el remanente de tesorería del ejercicio 2010, de 4,2 millones de euros, se reparta en cubrir gastos de personal (un millón de euros, incluidos pagos a la Seguridad Social) y de necesidades básicas para el funcionamiento del Consistorio como combustible, comunicaciones informáticas y telefónicas, material de oficina o vestuario del personal entre otras, y aseguró que el Consistorio "tiene un problema muy grave de liquidez porque otras administraciones no le han pagado". El edil del PP señaló que para intentar paliar la crisis el gobierno de izquierdas "ha colocado al Ayuntamiento en una situación muy, muy delicada, y también a las empresas proveedoras".
La responsable de Hacienda, Àngels Andreu, admitió que en estos dos últimos años los problemas de tesorería "han sido constantes" y que las obras ejecutadas para reactivar el sector de la construcción, dentro del Plan E, han supuesto para las arcas municipales tener que avanzar los pagos de un porcentaje de las facturas a las constructoras, que por ley deben cobrar en 30 días, mientras que el Ayuntamiento "cobra cinco o seis meses después". Aún así, el alcalde, Vicenç Tur, aseguró que se seguirán buscando inversiones de otras administraciones, como las de la Ley de Barrios del Govern, aunque eso genere "problemas de liquidez" y pese a reconocer que no se puede pagar a muchas empresas que trabajan para el Consistorio en 60 días, como antes de iniciarse la crisis.
El portavoz 'popular' afirmó que si el Ayuntamiento fuera una empresa privada, "ya estaría en situación de concurso".
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