Luz verde a los planeamientos urbanos de cuatro municipios

Una vez superado este farragoso y prolongado trámite que en algunos casos suma años, la mayoría de los alcaldes afectados expresaron ayer su deseo de proceder a la aprobación provisional de sus respectivos planes generales a lo largo de este mes o principios del próximo, con el fin de remitirlos lo antes posible al Consell para su aprobación definitiva. Al respecto, el conseller insular de Ordenación del Territorio, Joan Marqués, matizó que aunque los técnicos de la institución insular ya conocen la documentación relativa a cada municipio, puesto que colaboraron en un primer momento en su elaboración, la tramitación media por cada Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para obtener la aprobación definitiva supera los dos meses y medio, por tanto, no todos los expedientes tendrán el visto bueno del Consell antes de que finalice la actual legislatura.

Licencias en Maó
En relación a esta circunstancia, el alcalde de Maó, Vicenç Tur, anunció que con el fin de agilizar trámites, el Ayuntamiento de esta localidad comenzará a conceder licencias municipales en suelos urbanos consolidados una vez que el pleno de la corporación apruebe de forma provisional en nuevo planeamiento. "En cuestiones como planes parciales, nuevos urbanizables, unidades de actuación o cambios importantes necesitaremos la aprobación definitiva", agregó el alcalde. Hay que recordar que desde el sector de la construcción se critica duramente el retraso acumulado en la aprobación del nuevo PGOU de Maó que debe sustituir al actualmente vigente que data de 1986 y, por ende, la paralización sufrida en la tramitación de licencias en una situación de crisis como la actual.

Vicenç Tur destacó, no obstante, que el Ayuntamiento de Maó será el Consistorio menorquín que logre la aprobación definitiva de su nuevo PGOU en menos tiempo, al datar la aprobación inicial de su planeamiento de 2008, en referencia al resto de ayuntamientos en los que aquella se remonta a 2007, según confirmaron sus respectivos alcaldes. Precisamente, esta inseguridad jurídica provocada por el hecho de que la mayoría de los ayuntamientos no tengan adaptado su planeamiento urbano al PTI no solo está lastrando al sector de la construcción, sino también las arcas municipales que en apenas unos años han visto disminuir de forma casi exponencial sus ingresos en el capítulo de obras.