Las obras de construcción de la nave de la calle Sevilla siguieron ayer a pleno rendimiento a pesar de la denuncia de UPCM y el PP de que los trabajos se ejecutan con una licencia obsoleta. Según ha podido saber este diario, la alcaldesa y concejal de Urbanismo, Pilar Carbonero, encargó ayer un informe jurídico a los servicios técnicos municipales sobre la situación del proyecto, a partir del cual espera tomar una decisión, ya sea una posible sanción o la posible paralización de los trabajos. No obstante, la alcaldesa no respondió ayer a las llamadas de este diario. PP y UPCM le exigen el cese de la gerente de Urbanismo, Sandra Díaz, por presunto trato de favor en unas obras que dirige su marido, el arquitecto Miquel Àngel Apesteguia. La denuncia de la oposición ha creado malestar en el seno del PSM, el socio de gobierno del PSOE, a pesar de que la formación nacionalista aún no se ha posicionado públicamente al respecto.
Mientras tanto, la agrupación local del PSOE tiene prevista una reunión interna para conocer los detalles del proceso administrativo de concesión de los permisos a la nave prefabricada y las posibles consecuencias a nivel político, teniendo en cuenta que en la próxima sesión plenaria, que tendrá lugar el próximo día 10, UPCM formulará una batería de preguntas al respecto.
Su portavoz, Joan Triay, insiste en que "son increíbles las interpretaciones para burlar la normativa que son capaces de hacer la gerente y la concejala de Urbanismo. Si en las obras del hotel Esmeralda había una cámara de aire de casi 3.000 metros cuadrados, en este proyecto de la nave hay una vivienda de cerca de 1.200 metros cuadrados". Añade que "todos los subterfugios valen para practicar un urbanismo a la carta. Y si en el caso del hotel Esmeralda no se entiende la motivación, en el caso de la nave el móvil salta a la vista".
Desde UPCM apuntan que en el último proyecto modificado aparece una única vivienda que ocupa las plantas primera y segunda, con un total de 1.200 metros cuadrados, "para intentar colar el uso comercial". Según la denuncia de la oposición, la licencia del proyecto básico ha quedado sin efecto, por lo que las obras se ejecutan con permiso obsoleto. A la vez, el primer proyecto básico se concedió sin tener los usos definidos que marca la ley.
Tampoco se ha concedido licencia de instalación de actividades, que es un requisito previo para conceder la licencia del proyecto ejecutivo. La otra deficiencia detectada es que la planta baja, con vocación comercial, precisa de la licencia autonómica al sobrepasar los 400 metros cuadrados mínimos estipulados por la ley.
El 3 de enero de 2010 se presentó el proyecto ejecutivo, pero además se presentó un proyecto básico modificado, que debería haber sido aprobado por el Ayuntamiento para que pudieran empezar las obras.
El jueves, la dirección de la obra presentó al Ayuntamiento un segundo proyecto modificado, es decir, el tercer proyecto básico. La obra se ejecuta sin que el Ayuntamiento haya aprobado ni el primer ni el segundo proyecto modificado y en base a un proyecto básico sin vigencia, según han revelado el PP y UPCM.
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