El proceso iniciado por Nueva Rumasa afecta a 180 trabajadores de la Isla - Archivo

TW
0

Comisiones Obreras, único sindicato con representación en Quesería Menorquina, ha solicitado información al juzgado de lo Mercantil de Palma con la intención de personarse en el proceso iniciado por Nueva Rumasa y así defender los intereses de los 180 trabajadores afectados por el preconcurso de la factoría, según informó ayer el presidente del comité de empresa, Antonio Olives.

"Estamos aún a la espera de recibir una respuesta por parte del juzgado. Hemos solicitado toda la información para conocer al detalle los documentos presentados por la empresa en este procedimiento", explicó.

CCOO sigue en la Isla los mismos pasos dados por el sindicato UGT en el ámbito nacional que ayer anunció su intención de participar en estos procesos y conocer la evolución de las negociaciones de las empresas de la familia Ruiz Mateos con sus acreedores para que "cualquier acuerdo" lleve implícito" el mantenimiento de la actividad y del empleo, según informó en un comunicado.

De hecho, el secretario de Política Industrial de la Federación, Sebastián Serena, presentó en Madrid la solicitud para el expediente de Clesa, en tanto que las asociaciones territoriales del sindicato harán lo mismo con el resto de empresas. UGT no tiene representación en la factoría menorquina, pero el sindicato CCOO ya ha anunciado que pretende emprender el mismo camino.

Aunque fuentes jurídicas consultadas por Europa Press sostienen que, en esta fase, la Ley Concursal solo prevé el trámite de la comunicación de la empresa para acogerse al artículo 5.3, desde UGT confiaron en que los jueces admitan su solicitud. Así, UGT remarcó que las empresas agroalimentarias para las que Nueva Rumasa ha pedido el 'preconcurso' -Clesa, Dhul, Elgorriaga, Trapa, Gravey, Carcesa, Quesería Menorquina e Hibramer- suman más de 3.000 trabajadores, a los que, según sus datos, el grupo adeuda más de tres millones de euros en salarios.

Por este motivo, el sindicato ha solicitado también a la Dirección General de Trabajo un acto de conciliación para que la empresa reconozca esta deuda y se comprometa a abonarla. La Federación Agroalimentaria de UGT emplazó a la familia Ruiz-Mateos a plantearse si su permanencia en la gestión "es lo más adecuado para garantizar" la continuidad de las empresas.