El Govern acusa al subcontratista de Can Saura de hinchar el coste de la obra

Unos acusaban a la dirección facultativa de la obra, en manos de la Conselleria de Obras Públicas, de ir modificando el proyecto a medida que se avanzaba y de este modo encarecer la obra sin modificar el proyecto inicial. Otros dejaban en manos del Ejecutivo autonómico la decisión última sobre la rescisión o no del contrato de obras y la recepción de las obras.

Pues bien, ayer el Govern balear emitió un largo comunicado en el que rechaza cualquier responsabilidad por el retraso y el posible encarecimiento del proyecto, y apunta directamente a una empresa subcontratada como responsable del encarecimiento interesado de la actuación.

En relación a los posibles sobrecostes en la obra -que tal como informó este periódico, ya en mayo pasado se cifraban por parte de algunos técnicos relacionados con el proyecto en unos 800.000 euros-, el Govern responde que "esta información es falsa", y ya apunta a las diferencias entre la UTE adjudicataria de la obra (Edificaciones Ramos, Torrent Coll y Contratas Bartolomé Ramon) y la empresa subcontratada (Vinent Juanico SL).

Es en este punto en el que el Ejecutivo autonómico apunta directamente a esta última empresa, al señalar lo siguiente: "A tenor de las declaraciones de un portavoz de la UTE que aparecen en el escrito de alegaciones, estas cifras pueden más bien atribuirse a cálculos excesivos motivados por un interés de parte". Traducido, y según han confirmado fuentes de la conselleria, se acusa al subcontratista de hinchar los precios de la obra por interés personal. En esta línea, el Govern recuerda las declaraciones de la UTE, que aseguraba haber pagado 500.000 euros de más a Vinent Juanico y que este dinero "ya no habría llegado a los distintos proveedores e industriales".

En relación a los pagos, desde el Govern balear aseguran que ellos cumplieron con su parte con el pago, el año 2009, de la última anualidad del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Ciutadella, el Consell y la Conselleria autonómica de Obras Públicas, mediante el cual el Govern aportaba 1,5 millones de euros.

"Estas anualidades se desembolsaron siempre por adelantado respecto a la ejecución y certificación de las obras, y una vez justificada cada una de las anualidades anteriores", aseguran desde Palma. El importe de esta última anualidad, según explican desde el Govern, fue de 390.000 euros, y se pagó en 2009 "finalizando entonces con las obligaciones económicas en la rehabilitación de Can Saura Miret". A su vez, desde la Conselleria acusan indirectamente al Consistorio de no ser lo suficientemente ágil para repercutir el dinero que ingresaban del Govern hacia los contratistas.

"Conviene señalar que los técnicos de la Conselleria tienen constancia de que ha llegado a haber una diferencia de un millón de euros entre las cantidades recibidas por el Ayuntamiento (de fondos del Govern) y las abonadas a la UTE", reza el comunicado oficial.

Desde el Govern, no obstante, dejan abierta una puerta al reconocimiento de que el coste de la reforma no será el que se preveía en el inicio de la misma, pero no especifican quién deberá asumir este sobrecoste. "El coste total de la ejecución del proyecto se recogerá, como prevé la legislación, en la correspondiente liquidación de las obras que se emitirá una vez haya tenido lugar la recepción de las obras de rehabilitación. Con ello concluirán las obligaciones de esta conselleria relativas a la dirección facultativa de las obras.

Habiendo ya cumplido con su compromiso económico, a partir de ese momento finalizará la vigencia del convenio de colaboración".

La Conselleria se desentiende de los retrasos en la obra, y asegura que "se han debido a cuestiones arqueológicas o de partimonio histórico-artístico, a la especial complejidad de ejecución del proyecto en determinados espacios, a las dificultades de acceso a la obra, y también a problemas económicos derivados de retrasos en el cobro de las certificaciones de obra y a otros conflictos que son ajenos a esta Administración". Entre estos conflictos, Obras Públicas cita las desavenencias entre la UTE y el principal subcontratista, y recuerda que este problema ha acabado en los tribunales.