Protesta. Los trabajadores volverán a repetir una escena similar - Archivo

TW
0

Los trabajadores de Quesería Menorquina se concentrarán ante la fábrica el próximo lunes día 28 en favor de la continuidad de la empresa, de la entrada de un operador solvente capaz de reflotar la planta mahonesa y en defensa de sus puestos de trabajo. La secretaria del comité de empresa, Margot Sastre, justificó ayer esta movilización por la forma de actuar de la familia Ruiz Mateos. "Nueva Rumasa ha dejado caer a todas sus empresas" en el país con la intención, dijo, de "enredar el problema" y causar "la indefensión de sus trabajadores".

La concentración es el anticipo a la gran manifestación prevista para el próximo 12 de marzo en Madrid convocada por CCOO y UGT a la que acudirá una representación de Quesería Menorquina para reclamar a la familia Ruiz-Mateos los más de tres millones de euros que les adeuda en salarios y defender los aproximadamente 5.000 puestos de trabajo que integran su plantilla.

El secretario de Política Industrial de CCOO, Jorge Tomé, consideró "imposible" que se pueda salvar la situación de la empresa si se mantiene su actual dirección y confió firmemente en los mecanismos de actuación fiscal y monetaria para defender los derechos económicos de los trabajadores. "Aquí ha habido mucho de estafa y mucha usurpación de derechos económicos de los trabajadores y de muchas personas", dijo a Europa Press Jorge Tomé.

Por su parte, el secretario general de la Federación Agroalimentaria de UGT, Jesús García Zamora, cifró en más de tres millones de euros el importe que debe Nueva Rumasa a los trabajadores de las empresas agroalimentarias, por lo que ha solicitado a la Dirección General de Trabajo una conciliación para que la empresa reconozca esta deuda y se comprometa a abonarla.

En rueda de prensa previa a una reunión con todos los delegados del sindicato en empresas de la familia Ruiz-Mateos, García Zamora afirmó que los servicios jurídicos y económicos de UGT están analizando todas las acciones legales a emprender, "sin descartar ninguna en ningún ordenamiento jurídico". Entre otras medidas, reclaman que la Inspección de Trabajo "haga una ronda por los centros de trabajo", con el propósito de obtener información económica que los representantes sindicales han requerido y que no se les ha sido entregada.