Los trabajadores de Nueva Rumasa organizan un acto de protesta en Madrid

El secretario de Política Industrial de CC.OO., Jorge Tomé, consideró "imposible" que se pueda salvar la situación de la empresa si se mantiene su actual dirección y confió "firmemente" en los mecanismos de actuación fiscal y monetaria para defender los derechos económicos de los trabajadores.

"Aquí ha habido mucho de estafa y mucha usurpación de derechos económicos de los trabajadores y de muchas personas", dijo a Europa Press Jorge Tomé, quien aseguró que muchos empleados llevan cerca de tres meses sin percibir su salario.

Por su parte, el secretario general de la Federación Agroalimentaria de UGT, Jesús García Zamora, cifró en más de tres millones de euros el importe que debe Nueva Rumasa a los trabajadores de las empresas agroalimentarias, por lo que ha solicitado a la Dirección General de Trabajo una conciliación para que la empresa reconozca esta deuda y se comprometa a abonarla.

En rueda de prensa previa a una reunión con todos los delegados del sindicato en empresas de la familia Ruiz-Mateos, García Zamora afirmó que los servicios jurídicos y económicos de UGT están analizando todas las acciones legales a emprender, "sin descartar ninguna en ningún ordenamiento jurídico".

Inspección de trabajo

Entre otras medidas, reclaman que la Inspección de Trabajo "haga una ronda por los centros de trabajo", con el propósito de obtener información económica que los representantes sindicales han requerido y que no se les ha sido entregada.

Durante la comparecencia, los delegados de UGT repasaron la situación de los diferentes centros de trabajo, que en el caso de Royne y de las plantas de Clesa en Sevilla y Madrid tienen la producción parada, según indicaron. Así, temen que, si prosigue la falta de materia prima, en dos semanas "la actividad sea nula" en todos los centros.

Penalización de la distribución

En Carcesa, propietaria de Apis y Fruco y fabricante de marcas blancas, la falta de materia prima ha provocado que no se pueda cubrir la demanda y que se haya avisado a la distribución de que "no salen a vender para no incurrir en una ruptura de 'stock'", por lo que en algún caso se ha exigido a Nueva Rumasa el pago de una penalización.

Además, indicaron que Tetrapack ha dejado de suministrar por impagos a la planta de Cacaolat en Zaragoza, que ha perdido el 45% de sus clientes, y que en Hibramer los transportistas "se niegan" a repartir el producto final.

Piden un administrador general

El secretario de Política Industrial de CCOO, Jorge Tomé, ha solicitado que se nombre durante el proceso concursal a un administrador general, con el fin de "pensar en la reactivación" de las fábricas en manos de otros gestores.

"Creemos que la dirección de la empresa no tiene ni la cualificación ni la capitalización necesarias para reflotar la compañía y si se pierde este tiempo se corre el riesgo de perder el tejido industrial y laboral", ha manifestado el dirigente sindical.

El Gobiern, "ambiguo"

Las organizaciones sindicales se han entrevistado con representantes del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino para manifestarles su preocupación por la situación del grupo y, según Tomé, la postura de las autoridades es "ambigua" y "prudente".

"Se ha iniciado un procedimiento legítimo como es el preconcurso y ellos no pueden hacer nada", ha concluido el representante sindical, que ha confiado en que las autoridades favorezcan aquellos mecanismos de actuación que consideren razonables por el bien de los trabajadores.