CAN SAURA. La dirección facultativa de la obra ordenó múltiples cambios en el proyecto original de reforma del palacio - Gemma Andreu

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La polémica en torno a Can Saura, en Ciutadella, se debe en gran parte a los problemas económicos surgidos en una obra diseñada inicialmente para 18 meses de ejecución y que lleva más de cuarenta, y en la que han habido numerosos cambios en relación al proyecto inicial. A partir de esta situación económica surge el problema de las desavenencias entre la unión temporal de empresas (UTE) y las empresas subcontratadas, y finalmente el tema acaba con una propuesta de rescisión de contrato a esta UTE. Este periódico ha tenido acceso a documentación que permite poner cifras a estas desavenencias económicas.

El presupuesto por el que se adjudicó la obra era de 2.835.524 euros. En mayo del pasado año, la UTE de Can Saura remitió un documento al Ayuntamiento de Ciutadella mediante el cual aseguraba que las actuaciones ejecutadas en el palacio ascendían ya entonces a 3.641.505,89 euros. Es decir, 800.000 euros más, o en términos porcentuales, un 28 por ciento más.

Este sobrecoste se debe, según la UTE, a las modificaciones que se introdujeron al proyecto desde la dirección facultativa de la obra, a cargo de Óscar Canalis, contratado para esta función por parte de la Conselleria de Obras Públicas del Govern balear. De hecho, Canalis está en el punto de mira de la UTE y de las empresas subcontratadas, que han denunciado en reiteradas ocasiones ante el Consistorio y el Govern balear la manera de proceder de Canalis. En algunas de estas denuncias, se ha asegurado que el director facultativo ha ordenado cambios sobre el proyecto inicial que en algunas partidas han supuesto un encarecimiento de hasta el 2.200 por ciento sobre el proyecto inicial. Además, también se informó de que desde la dirección facultativa se obligaba a adquirir los materiales en comercios específicos, que en algunos casos estaban fuera de la Isla cuando en Menorca se podían encontrar materiales similares.

Denuncias de 2007
Las denuncias de la UTE vienen de lejos. Ya en enero de 2007 remitieron un escrito a las administraciones asegurando que "el proyecto se está modificando continuamente, lo que conlleva que la documentación de contrato de que disponemos se vea modificado semanalmente en obra". En este mismo documento, la UTE pedía ya, cuatro años atrás, que se aclarara el proyecto y las obras concretas a realizar. Cuatro años después, la UTE insiste en solicitar esta aclaración del proyecto, tal como avanzó este periódico al desvelar un escrito remitido al Ayuntamiento en el que solicita que se modifique el proyecto para que contemple las obras realmente realizadas y se desbloquee de esta manera el cobro de las mismas. Un documento de enero de 2007 resume bien lo que era entonces la postura de la UTE: "Nos distorsiona que para certificar valga el proyecto, pero para ejecutar no, y mientras realizamos partidas no contempladas". Los cambios constantes en el proyecto, según denuncia la UTE, se realizaban además por correo electrónico o por documentos entregados en mano, sin que a veces estos documentos llevaran firmas que avalaran su corrección técnica.

Estas denuncias de la UTE restan en manos del Govern balear, que será el encargado de decidir si se realiza un modificado de proyecto o no. Mientras, la UTE y las empresas subcontratadas se enzarzan en enfrentamientos judiciales, en los que el objetivo de cada una de las partes es la misma, cobrar la totalidad de la obra ejecutada. Algunos de estos procesos judiciales fueron comunicados al Ayuntamiento de Ciutadella, advirtiéndole de la delicada situación económica de algunas empresas y del riesgo de impagos de salarios e incluso de quiebra para alguna de las empresas que fueron subcontratadas por parte de la UTE adjudicataria para la ejecución de Can Saura.