El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Maó, Juan Manuel Lafuente, señaló ayer que la urgencia demostrada por el equipo de gobierno encabezado por Arturo Bagur a la hora de aprobar el convenio con Vertix con el objetivo de poder contar con una nueva escuela infantil en la zona era tan sólo un "cebo" para pactar un cambio en la ejecución del proyecto de edificación.
El popular critica que el gobierno local "remató la mentira" con la aprobación inicial del PGOU en febrero de 2008, documento que no contempla el centro educativo en la parcela donde se ubicaba la antigua fábrica de Catisa sino en otro emplazamiento cercano.
"Era una excusa falsa para saltarse la norma del PTI que prohíbe modificaciones puntuales mientras el planteamiento no esté adaptado y una estrategia para que sus socios de gobierno no les pusiesen pegas", aseveró Lafuente.
Por otro lado, el portavoz del PP advirtió de un posible caso de "favoritismo" hacia la promotora Vertix que, según dijo, es propiedad de la antigua Caixa Catalunya (ahora fusionada con las cajas de Tarragona y Manresa), por entonces presidida por el exministro socialista Narcís Serra.
"Ninguna de las 55 modificaciones puntuales del PGOU que se han aprobado se han blindado con un convenio aprobado por el pleno", lamentó Lafuente, quien matizó que, gracias al acuerdo, "los socialistas atan las manos a futuros gobiernos municipales que podrían paralizar esta actuación".
CONTRADICCIONES
El portavoz de la formación conservadora hizo hincapié en las "continuas contradicciones" del gobierno municipal, al que culpó de fomentar la confusión entre los ciudadanos.
Según Lafuente, Bagur negó en todo momento durante el pleno del 25 de abril de 2007 que el convenio supusiera un incremento de la edificabilidad, mientras que el actual primer edil, Vicenç Tur, reconoció el jueves que el acuerdo implica la construcción de cinco viviendas más por parte de Vertix. "Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo y se están tirando piedras a su propio tejado", reiteró el popular.
En este punto, Lafuente recordó que el informe pericial en el que se basa la sentencia contempla que el aumento de la construcción es de 599,83 metros cuadrados, a los que añade 1.247 metros cuadrados resultantes de edificar una planta adicional que, según afirmó, contradice el PGOU, que tan sólo autoriza la construcción de un altillo. "Una cosa es tener un altillo para colocar los trastos y otra que se convierta en una planta con todas las de la ley que cumple con todas las normativas de habitabilidad", matizó.
Lafuente se refirió también a los cálculos de beneficios presentados el jueves por el Ayuntamiento y, según estimó, la repercusión del suelo en 2007 era de en torno a 1.000 euros por metro cuadrado y, en ningún caso, de 400 euros por metro cuadrado como apunta el alcalde. "Quien haya hecho este informe no tiene ni idea del precio del metro cuadrado en unos pisos con vistas al puerto en el año 2007", reprendió el portavoz, quien añadió que "ningún arquitecto municipal ha querido firmar este documento porque se jugaría su prestigio y se expondría a una posible demanda".
Recurso
El equipo de gobierno está dispuesto a recurrir la sentencia que anula de pleno derecho el acuerdo firmado con la promotora aunque los populares se muestran tranquilos. "Están en su derecho de apelar y estaremos encantados de defender nuestros argumentos como los hemos defendido durante cuatro años", indicó Lafuente.
No obstante, puntualizó que en el caso que el Ayuntamiento intente conceder la licencia de construcción "serán inmediatamente impugnados".
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