La empresa Vinent Juanico SL niega tajantemente haber amañado la adjudicación de las obras de reforma del palacio de Can Saura, en Ciutadella. La sociedad del constructor Ildefonso Vinent desmiente así las acusaciones realizadas por la UTE Torrent Coll, Edificaciones Ramos y Bartolomé Ramon, que en unas alegaciones presentadas ante el Ayuntamiento aseguró que Vinent les había dicho que si le subcontrataban, el contrato iría a parar a sus manos. Vinent Juanico tilda estas acusaciones de "falsedad total y absoluta, puesto que en ningún momento la subcontrata hizo comentario alguno relativo a tal posibilidad de amaño porque no existió, ni nunca se trató este tema con político ninguno". Ante estas acusaciones, el constructor asegura que "esta empresa hace expresa reserva para hacer valer cuantas acciones tanto penales como civiles sean necesarias para el resarcimiento de su buen nombre profesional".
El empresario también niega otra de las acusaciones que se han vertido sobre él, la de haber cobrado 500.000 euros de más de la UTE adjudicataria de las obras. Es más, Vinent califica esta acusación como "táctica dilatoria", puesto que asegura que la situación es inversa, y quien debe dinero es la UTE. En concreto, Vinent Juanico interpuso en su día dos demandas de reclamación de cantidad a la UTE por un montante total de 376.105,44 euros. Como respuesta a esta demanda, explica el empresario, la UTE contestó con la petición del medio millón de euros. En relación a este dinero, desde la empresa se afirma que "tenemos la certeza de múltiples modificaciones que ha tenido que ejecutar siguiendo las directrices que le han marcado y que es lo que se le debe, y que tarde o temprano, serán los jueces quienes determinen la cantidad a pagar".
Vinent, al igual que hizo la UTE adjudicataria de la obra, señala a la dirección facultativa de la obra, en manos de Óscar Canalis, como la responsable de las múltiples modificaciones del proyecto inicial de Can Saura y, por tanto, del encarecimiento de las obras. Además, estos cambios son, según el constructor, las claves del retraso de la obra, además de "la falta de previsión".
En clave interna, el constructor explica que en primera instancia, tanto él como la UTE estaban de acuerdo en criticar las modificaciones impuestas desde la dirección facultativa. Después, añade, "se llegó a un misterioso cambio de actitud cuando la UTE se alió con la dirección facultativa y se enfrentó a la subcontrata". Es en este punto cuando el constructor involucra al Ayuntamiento de Ciutadella, asegurando que el Consistorio tenía conocimiento de todas estas desavenencias a través de escritos oficiales de septiembre y noviembre de 2010. En estos escritos, el constuctor ya avisaba al área de Cultura de las dificultades económicas en la obra, y de los riesgos que esto suponía para trabajadores y empresas subcontratadas.
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