Quesería Menorquina aplaza sus pagos a la Seguridad Social

El aval hipotecario también quita el sueño al comité. Los trabajadores insisten en que el problema de la fábrica menorquina para hacer frente a los pagos no es coyuntural sino estructural del grupo y temen que a no tardar sea ejecutado el aval hipotecario de las instalaciones menorquinas por valor de 15 millones de euros que Nueva Rumasa firmó con una filial del Banco Santander "a espaldas de los trabajadores y del Govern". Apoyan su argumentación en los embargos que ya sufren otras plantas del grupo como Clesa, Cacaolat y el Grupo Dhul por varias entidades financieras y la Seguridad Social.

No obstante, el 'Menorca' ha podido saber al respecto que la empresa ha realizado gestiones ante el Banco Santander para que la filial financiera no ejecute dicho préstamo. Además, intenta atender la petición realizada por el comité de empresa de transferir dicho aval a otro inmueble propiedad del grupo, sabedora de que cualquier plan de viabilidad de futuro de Quesería Menorquina pasa porque la factoría mahonesa esté libre de deudas.

El nuevo paro que la fábrica vivió ayer por segundo día consecutivo a consecuencia de la falta de liquidez económica también pone en riesgo su viabilidad. Los repetidos episodios de discontinuidad en la producción afectan a la factoría desde hace varios meses y tienen su origen en la falta de materias primas esenciales (mantequilla y queso) y materiales (cartón y embalajes).

Los proveedores no cobran y por tanto no sirven mientras que la cartera de clientes se queda sin sus pedidos con el grave riesgo que este hecho representa para la continuidad de la fábrica. La planta paralizó las tres líneas de producción por segundo día consecutivo y sin perspectivas de revertir la situación hoy. A esto se suma que los trabajadores también acumulan un retraso de 15 días en el pago de la nómina de enero.

Los responsables políticos se muestran prudentes a la hora de abordar la "complicada" situación de Quesería Menorquina y son extremadamente cautos en sus declaraciones. Así, tanto la consellera de Trabajo del Govern como la consellera insular de Economía, Joana Barceló, y Antònia Allès, explicaron que desde hace tiempo ambas instituciones trabajan de forma conjunta con los trabajadores sabedoras del fuerte impacto que la factoría tiene en el tejido económico de la Isla.

"Es importante mantener la empresa activa y su rentabilidad es clara", aseveró Barceló, quien añadió que el Ejecutivo autonómico sigue de cerca la situación económica del grupo Nueva Rumasa y sus efectos sobre la factoría menorquina. Allés fue más directa y reconoció que la empresa "no ha cumplido ni respondido a las expectativas" planteadas tras el desembarco de la familia Ruiz Mateos en la Isla.

"Buscaremos todas las posibilidades para que la fábrica no se cierre", dijo sin aclarar de momento cuáles. "No niego que la situación es complicada y la importancia que esta empresa tiene para la Isla" agregó, tras insistir en el apoyo del Consell a los trabajadores.

En la misma línea se expresó el alcalde de Maó, Vicenç Tur, quien aseguró que el Ayuntamiento está en contacto directo con los responsables de los trabajadores, del Consell y del Govern como interlocutores directos con la empresa "buque insignia del tejido industrial mahones". "Llevamos dos o tres años pendientes de un hilo", comentó gráfico.

"A través del Govern hemos hecho llegar a Nueva Rumasa una petición de responsabilidad porque lo que más duele de esta situación es que la empresa es viable y en cambio las máquinas están paradas", concluyó.