Una resolución dictada por la directora general de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), Isabel Maestre, el pasado 23 de diciembre, prohíbe expresamente al empresario Josep Lluís Díaz Vico que retire su hidroavión -inmovilizado en Menorca desde hace casi ocho meses-, pilotado por sí mismo. La medida deriva de la resolución del expediente abierto a raíz del amerizaje de la avioneta en aguas de la Isla, aseguró el director insular de la Administración General del Estado en Menorca, Javier Tejero, en declaraciones al "Menorca".
Tejero sale así al paso de las manifestaciones del empresario leridano, quien afirmó que la incompetencia administrativa le obligaba a plantearse su negocio en otras islas del Mediterráneo occidental y no en Balears. "La Administración no está para estropear el negocio de nadie", señaló el director insular, al tiempo que recordó que el propietario del hidroavión no presentó alegaciones en el periodo establecido, a partir de la apertura del procedimiento sancionador y de su notificación al interesado, en agosto de 2010.
Tejero recalcó que el pasado 30 de septiembre, cuando la propuesta de resolución fue firme, también se le comunicó a Díaz Vico sin que éste presentara alegaciones, por lo que el responsable de la Administración considera que todo el proceso ha sido "reglamentado" y que "se ha aplicado estrictamente la normativa".
AESA comunicó entonces formalmente a la Dirección Insular la prohibición de que el avión fuera retirado por el empresario como piloto -insistió Tejero-, ya que no acreditó disponer de la correspondiente licencia para volar con este tipo de aparatos.
Sobre la normativa que regula los amerizajes, Tejero señaló que en España no se permiten estas operaciones fuera de superficies autorizadas y que la Ley de Costas prohíbe que cualquier embarcación o moto náutica, "y una aeronave menos", esté a menos de 150 metros de la línea de la playa. Asimismo el director insular defendió la labor de los inspectores de las autoridades de seguridad aérea y señaló que la multa de 130.000 euros corresponde a la suma de sanciones "por unos hechos probados", como la entrada en el espacio aéreo de la Isla "sin plan de vuelo ni notificarlo a la torre de control" que solo tuviera una "propuesta de seguro" para la aeronave de 2008 y, entre otras infracciones, la falta de licencia para pilotar del empresario dueño del avión.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Menorca - Es diari
De momento no hay comentarios.