El director general de Recursos Hídricos del Govern, Antoni Rodríguez Perea, reconoció ayer que el plazo de dos años concedido para adaptar las urbanizaciones a las exigencias de conexión a un sistema de alcantarillado, recogidas en la Ley 10/2010, de 27 de julio, es "demasiado justo", pero recordó que la depuración de aguas residuales y el abastecimiento de agua potable son competencias de los ayuntamientos, y que la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (ABAQUA) sólo "ayuda a que éstos cumplan sus responsabilidades".
El responsable de Recursos Hídricos aseguró que la petición de una moratoria por parte de los alcaldes de Menorca a la hora de aplicar la normativa -que deriva de la Directiva Marco del Agua europea-, deberá dirigirse al Parlament balear, ya que fue la Cámara la que aprobó la ley que ahora amenaza la concesión de licencias en zonas urbanizables y destinadas a viviendas unifamiliares aisladas.
Sin embargo, Antoni Rodríguez incidió en el hecho de que la Ley perseguía un efecto totalmente contrario al que puede provocar en muchas zonas de la Isla, ya que se aprobó "con la intención de reactivar la construcción" y permitir que se levantaran viviendas en terrenos donde no existía la infraestructura de saneamiento, pero con la condición de que ésta estuviera prevista y se ejecutara en el plazo máximo de dos años. Sin embargo, las deficiencias que se arrastran en las urbanizaciones desde hace años, ya que la mayoría se crearon sin la planificación de dichas conexiones, ha hecho ahora que los ayuntamientos enciendan la luz de alarma, ya que no cuentan con tiempo material y financiación para cumplir la ley, según manifestaron el pasado jueves tras reunirse en comisión y apoyados por el presidente del Consell.
Son seis los municipios afectados por el problema de adaptar sus urbanizaciones a la normativa: Ciutadella, Es Castell, Alaior, Es Mercadal, Maó y Sant Lluís. Ferreries y Es Migjorn Gran son los únicos que tienen el problema resuelto.
En relación a la posibilidad de conexión a las depuradoras existentes, y la queja de algunos alcaldes menorquines sobre la falta de capacidad de las estaciones para recibir más caudal, Rodríguez manifestó que "algunas tienen y otras no, por ejemplo la de Ciutadella sí tiene capacidad para recoger las aguas de Cala Morell, y las depuradoras de Cala en Porter y la conjunta de Maó y Es Castell también".
En cuanto a la depuradora de Binidalí, el director de Recursos Hídricos afirmó que en estos momentos su puesta en marcha está pendiente de construir el emisario, una vez que no prosperó el contencioso presentado por los vecinos de la zona. Dicha estación podría dar servicio, añadió, a las urbanizaciones de Canutells, Cap d'en Font y Binissafúller.
Además señaló que la depuradora de Coves Noves está pendiente de la aprobación del Ministerio de Medio Ambiente debido a que fue declarada de interés general, pero tendrá capacidad para asimilar las aguas residuales de las urbanizaciones de Es Mercadal.
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