El futuro de Cala Figuera no se decidirá en lo que queda de la presente legislatura autonómica, sino que será el próximo consejo de administración de Autoridad Portuaria de Balears (APB), que se configure tras las elecciones del mes de mayo, el que deberá aprobar el uso que se dará a la antigua instalación de CLH. Así lo manifestaron ayer fuentes del ente público, tras ser consultadas por las negociaciones con el Club Marítimo de Mahón (CMM), dirigidas a que la entidad deportiva pueda contar con la cala para disponer de lámina de agua y un espacio en el que desarrollar su actividad náutica.
Las relaciones institucionales entre APB y el Club Marítimo "son correctas", manifestaron desde el organismo portuario en relación al proceso legal que enfrenta a ambas entidades. Sobre la interpretación de la nueva Ley de Puertos del Estado, y que ésta posibilite la obtención de los amarres de Cala Figuera al CMM, las mismas fuentes recalcaron que "no es el momento de interpretar la ley", ya que en los tres meses que quedan para la celebración de los comicios no se cerrará un acuerdo sobre el uso de esta zona, que debe ser adquirida por Autoridad Portuaria e incorporarse al dominio público.
Asimismo, APB informó de la adjudicación de los trabajos de elaboración de un nuevo documento de planificación, la Delimitación de Usos y Espacios Portuarios (DUEP), que según la nueva normativa sustituye al Plan de Usos existente, y que se aprobó en 2007. Dicha planificación persigue actualizar la situación del puerto de Maó e incorporar las modificaciones que se han producido en los últimos años. La aprobación de este documento es un proceso largo y complejo, ya que la elaboración del Plan de Usos vigente se inició en el año 2000 y la aprobación llegó siete años después.
APB no se manifestó sobre las conversaciones con la directiva del Club Marítimo de Maó para que se retire la demanda interpuesta por un socio, en octubre de 2008, contra el expresidente de la entidad, Joan Verger, y su director, Ángel Matías, por un presunto delito de coacciones, que recibió el apoyo de la asamblea de la entidad. El Plan de Usos actual también encontró otro escollo en Cala Figuera cuando la movilización vecinal, con el apoyo de las instituciones locales, obligó a Autoridad Portuaria a cambiar su idea de expropiar las viviendas en la zona, como paso previo a su reordenación. Una actuación que quedó definitivamente paralizada en julio del año pasado.
La Solana
Concluido el periodo de alegaciones contra la reversión de las edificaciones de la zona del puerto conocida como La Solana, en la ribera norte, Autoridad Portuaria procederá ahora a la notificación del desahucio administrativo a los afectados que todavía no han entregado las llaves de los inmuebles. La extinción de siete de las once concesiones se formalizó en abril de 2010 y dos de los usuarios entregaron las llaves de forma voluntaria e inmediata, Francisco Javier González Sirilo y Santiago Pons Quintana; el resto, según señaló la entidad gestora del puerto, no ha formulado alegaciones ni ha hecho entrega de las llaves, por lo que se les comunicará el desahucio que, de no llegar a cumplirse, obligará a finalizar el proceso en los tribunales. Los cuatro expedientes restantes corresponden a los herederos de Alfonso Milà Sagnier -los periodistas Lorenzo y Mercedes Milà-, y a la sociedad Taramparo, también vinculada a esta familia. Las alegaciones presentadas por estos afectados han alargado la resolución del procedimiento, que igualmente finalizará, según APB, con el abandono forzoso de las edificaciones y la reconversión de la zona. El proyecto para La Solana es de recuperación del entorno paisajístico y la eliminación de las instalaciones inservibles o que no sean de pesca. Esto conllevará la demolición de algunas de las viviendas, pero no su totalidad, al mismo tiempo que se recuperará el terreno para el uso público con la habilitación de un sendero para viandantes.
Suárez y Triay conversan "sin que existan presiones"
Nemesio Suárez, presidente del Club Marítimo, reside en Palma, aunque eso no significa que no esté trabajando para intentar avanzar en algunos de los principales retos que tiene la entidad. Su objetivo es la recuperación de los amarres y conseguir la gestión de una lámina de agua en la zona de Cala Figuera. Por este motivo, se ha reunido en dos ocasiones con Francesc Triay, presidente de Autoridad Portuaria de Balears (APB), y con miembros de su equipo.
Suárez afirma que es falso que APB haya presionado al Club para la retirada de los contenciosos judiciales. Se muestra rotundo en este sentido y asegura que nadie puede afirmar lo contrario. El presidente del club se refiere a la necesidad de entenderse con el organismo de la Administración del que depende la gestión del puerto. De todas formas, apunta que hasta ahora simplemente se han mantenido "conversaciones, pero no se ha iniciado negociación alguna".
El presidente del Club no ha planteado formalmente la posibilidad de que se retire el contencioso contra la adjudicación de los amarres a Trapsa Yates. Se refiere, sin embargo, a la importancia de que la entidad defina la estrategia para conseguir sus objetivos y que en función de ellos "ya se verá" qué decisiones han de adoptarse.
Distinta es la situación de la denuncia que un socio presentó por vía penal en 2008 contra el anterior presidente de APB, Joan Verger, y el todavía director, Ángel Matías, por un posible delito de coacciones, lo que ha sido uno de los factores de la operación Mar Blau. La responsabilidad recae en el socio, aunque es verdad que la asamblea del Club Marítimo aprobó hacerse cargo de los gastos que acarrea esta denuncia.
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