El Plan Territorial Insular salva un nuevo proceso judicial

El recurrente solicitaba en este procedimiento la anulación de la aprobación definitiva del plan así como su modificación al entender que el Consell carecía de algunos informes de la Administración del Estado que, a su entender, eran preceptivos, previos y vinculantes para poder dar por bueno el PTI. En concreto, el demandante se refería a documentos de los departamentos estatales de Defensa, Costas y Telecomunicaciones.

Al respecto, y según explica el Consell mediante una nota de prensa, el TSJB refuta las afirmaciones del recurrente ya que, dice la sentencia, queda acreditado en el expediente que sí se solicitaron en su día por parte del Consell los correspondientes informes, y que en el caso de Defensa y Telecomunicaciones fueron contestados por la Delegación del Gobierno de Balears en febrero de 2003. La sentencia recoge además que la Dirección General de Costas emitió su informe después de la aprobación inicial del PTI, un documento en el que realizaba diversas observaciones que fueron incorporadas al texto definitivo de la norma.

Además, antes de la aprobación definitiva el Consell requirió a Costas un nuevo informe, que no fue emitido, por lo que el PTI supeditó la eficacia de las determinaciones relativas al litoral al cumplimiento de las condiciones que en su caso, efectuase al respecto la Administración central. El informe fue expedido en junio de 2003 y, una vez atendidas las observaciones, se levantó la suspensión normativa. Por tanto, siempre según la versión del Consell, cabe concluir que en ningún caso el informe fue desfavorable ni se incumplió el plazo de dos meses para su emisión.