La agencia de detectives contratada por Valeriano Allés para investigar al presidente del Consell y a sus empresas competidoras concluye que las tres familias más importantes del sector de la construcción en Menorca (Palliser, Mercadal y Barber) controlan al Consell y a Marc Pons.
Según el informe de los detectives, al que ha tenido acceso este periódico, el control se produciría mediante el pago de un sueldo a la mujer de Marc Pons, María Isabel Oliva, a través de tres empresas constructoras: Construcciones Olives SL, Torrent Coll SL y Sucesores de Torrent SL. La cantidad percibida por Maria Isabel Oliva ascendería, según los detectives, a unos 40.000 euros.
Cabe recordar que estas empresas admitieron haber tenido en nómina a la mujer del presidente, pero siempre, aseguraron, para realizar trabajos concretos de seguridad laboral, y nunca buscando ningún favor por ser la esposa de Pons.
Las 57 páginas del informe de los detectives de Método 3 detallan todas las empresas propiedad de las tres grandes familias constructoras, y como supuestamente interactúan para controlar las adjudicaciones de obras públicas que realiza el Consell y compensarse económicamente entre ellas. Mediante estos pagos entre empresas y facturas sin concepto el grupo de empresas habría cubierto el pago de los 40.000 euros a la mujer de Marc Pons, un abono que se habría realizado a través del grupo Prefabricados Menorca.
El documento de Método 3 demuestra como durante unos días se realizó un exhaustivo seguimiento a la mujer de Marc Pons para comprobar si efectivamente trabajaba en las empresas de las cuales cobró. Según el informe de los detectives, el seguimiento fue realmente intenso, puesto que se llega a describir en qué panadería compró el pan Oliva y cuánta cantidad, qué snack consumía así como también detalles de una de las hijas del matrimonio Pons-Oliva.
La conclusión de los detectives es que la mujer de Marc Pons no trabajaba en esas empresas, y para demostrarlo aporta conversaciones telefónicas con trabajadoras de las empresas en cuestión, e incluso visitas personales de los propios detectives a las sedes de estas sociedades haciéndose pasar por repartidores postales.
Otro de los puntos que se destacan en el informe de los detectives es que la cantera de Son Sintes, que explotaba Valeriano Allés hasta ser desalojado por sentencia judicial, era objeto de deseo por parte de algunos de sus competidores. Así, los detectives aseguran que los propietarios de la cantera, los mismos que denunciaron a Allés en varias ocasiones y consiguieron que abandonara la cantera tras obtener la razón por parte de los jueces, admitieron tener ofertas de algunos de los competidores, uno de ellos incluido en la supuesta trama de corrupción, Antoni Barber.
Valeriano Allés ha remitido este informe, junto con varios documentos anexos, a la Fiscalía Anticorrupción, tal como ya hizo el pasado mes de agosto. En ese caso, el documento se extravió. Ahora lo ha puesto en manos de un procurador, a la vez que espera respuesta a su petición de una indemnización de 25 millones por parte del Govern balear por daños y perjuicios.
Marc Pons se querellará
Comunicado emitido ayer noche por Marc Pons: "Ante las manifestaciones realizadas por el sr. Valeriano Allés en una rueda de prensa convocada en Palma el pasado martes, 11 de enero, así como en diferentes medios de comunicación de ámbito local en días posteriores, me veo en la imperiosa necesidad de salir al paso para negar rotundamente todas y cada una de las graves afirmaciones vertidas y para informar que, visto que ha atentado contra mi honor y mi dignidad, así como también contra la de mi familia, he decidido emprender acciones penales. Lamento profundamente que en estos momentos sea tan fácil vulnerar la integridad de una persona y que la única opción que tenga esta persona para probar su inocencia sea la de recurrir a la justicia".
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