El empresario menorquín Valeriano Allés denunció ayer en rueda de prensa que el pasado mes de agosto remitió a la Fiscalía Anticorrupción un informe en el que, según él, se recogía información comprometedora sobre la gestión del presidente del Consell insular, de quien dice estar sufriendo desde hace años un proceso "de acoso y derribo".
No obstante, Allés informa de que transcurridos unos meses se puso en contacto con la Fiscalía para saber cuál era el estado de la tramitación del citado documento, y allí le informaron de que tal informe no había sido registrado.
El empresario, que compareció ayer en Palma para informar a los medios mallorquines sobre la "injusticia que está viviendo", relata que dada la situación se ha visto obligado a volver a enviar la documentación, aunque en esta ocasión no a través de un servicio de mensajería, sino mediante un procurador. En ese sentido, el cantero denuncia que "el informe alguien lo extravió, solo no se ha perdido".
Investigación
Allés relató a los medios mallorquines todo el proceso vivido en la cantera de Son Sintes y que resumió diciendo que había sido objeto de "un hurto" cuando se le expropió la autorización inicialmente concedida. El empresario relató en la rueda de prensa que cuando entró en el negocio y rompió el monopolio de los prefabricados "comenzaron las denuncias del Consell".
Fueron precisamente las sospechas de irregularidades las que llevaron al empresario a encargar un informe a la agencia de investigadores Método 3. "Se realizó un seguimiento del monopolio que se estaba dando en Menorca y resultó que la señora de Marc Pons trabaja para uno de los socios de la empresa de prefabricados".
Por otra parte, el empresario confesó ayer a los medios que "no parará" hasta que se sepa toda la verdad, y además de criticar a Marc Pons, también cargó contra la gestión realizada en su día por la actual consellera de Trabajo, Joana Barceló, y el exconseller de Industria Josep Juan Cardona.
Indemnización
El empresario menorquín también anunció que ha presentando ante la Conselleria de Industria y Energía del Govern una reclamación que ronda los 25 millones de euros para que se le compense por los "daños y perjuicios" que le ha ocasionado todo el proceso que ha vivido. Ese montante económico estaría destinado a resarcir su negocio de la pérdida del valor de la maquinaria que tuvo que abandonar cuando se le exigió que desalojara la cantera "y que ahora está obsoleta".
Por otra parte, Allés concluye que el dinero reclamado no servirá para reparar todo el daño causado al negocio y a su familia y recuerda por otra parte que por culpa de la situación que ha vivido se ha visto obligado a dejar sin empleo a 45 trabajadores.
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