La asamblea general del Club Marítimo de Mahón (CMM) acordó el pasado julio, todavía bajo la presidencia de Fernando Rita, asumir los costes procesales generados por la denuncia presentada por uno de sus socios contra el ex presidente de Autoridad Portuaria de Balears (APB), Joan Verger, y el director del ente público, Ángel Matías, por un presunto delito de coacciones.
Así lo confirmó ayer Fernando Rita, relevado el mes pasado en la presidencia, quien señaló que, a propuesta de los asociados, la asamblea aprobó por unanimidad que el club se hiciera cargo de los gastos para que la denuncia por la vía penal, presentada en los juzgados de Palma en octubre de 2008, siguiera adelante.
La denuncia se basa en el contenido de las grabaciones de las conversaciones mantenidas entre los años 2005 y 2007 por Joan Verger, Ángel Matías, y el entonces presidente del CMM, Luis Barca, en las que se ofrecía una "solución" al margen del dictamen de la mesa de contratación para la adjudicación de los amarres del Moll de Llevant, en cuyo concurso el club había quedado en segunda posición, por detrás de Trapsa Yates.
En el escrito de la denuncia, que remite a las grabaciones desveladas por el periódico "El Mundo", se reproduce textualmente fragmentos de aquellas conversaciones, en las que se presuntamente se fraguaba la renuncia de Trapsa en Maó, a cambio de amarres y de una contrapartida económica, y de las que se desprende que el presidente de APB quedaba en deuda con el grupo empresarial ahora investigado. "La forma de arreglar estas cosas tan extrañas es por la vía de la discreción. Vosotros dos no habéis de decir nada hasta haber hablado con Toubes (presidente de Trapsa Yates). Y lógicamente todo tiene una compensación, y si tú me has hecho un favor yo te lo tengo que devolver". Meses después Trapsa se adjudicó dos concesiones en Eivissa y Palma.
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