El amaño de la concesión de amarres en el puerto de Maó quedó grabado

Los hechos objeto de investigación fueron las grabaciones aportadas a la Fiscalía en las que aparecen implicados el ex presidente de Autoridad Portuaria de Balears, Joan Verger, y el director del ente, Ángel Matías, que probarían un trato de favor, con la entrega de amarres de Trapsa en el puerto de Maó.

De las cuatro ofertas presentadas Ribera del Puerto, Ocibar, Club Marítimo y Trapsa, fue elegida esta última en octubre de 2008 por ser la solución más ventajosa. La sociedad del empresario Díaz Ferrán se comprometió a pagar un canon anual de 600.000 euros durante casi 15 años y una inversión de mejora de instalaciones de 2,9 millones para gestionar 154 amarres.

El Club Marítimo presentó un recurso contencioso administrativo contra la decisión de APB que aún no ha sido resuelto y de forma paralela un socio del Club presentó una denuncia contra Joan Verger y Ángel Matías por presunto delito de coacciones. Este socio hacía referencia en su escrito de denuncia a las conversaciones grabadas en 2005 y publicadas por "El Mundo" en las que Verger y Matías ofrecieron en secreto a los responsables del Club alterar el resultado del concurso de amarres del Moll de Llevant. Según ellas, Verger comunicó de forma no oficial a Barca y al gerente del Marítimo, Ignacio Marra, que la oferta del Club había quedado en segundo lugar en el dictamen de la comisión técnica de APB, pero existía forma de evitarlo si se alcanzaba un acuerdo con la empresa mejor situada, Trapsa Yates.

En virtud de ese acuerdo, la empresa privada recibiría una contrapartida en forma de dinero y amarres. El Club, siguiendo instrucciones de Verger, firmó un acuerdo pantalla con una empresa llamada Teinver, vinculada a Trapsa propiedad de los mismos accionistas, por el que ésta sociedad recibiría tres amarres de 27 metros de eslora a cambio de unos informes inexistentes.

En la denuncia se comenta que, meses después, ese mismo grupo empresarial se adjudicó dos concesiones en puerto de Eivissa y Palma (Ibiza Nueva y Varadero de Palma). El escrito del socio también desvela que en dichas conversaciones del director de Autoridad Portuaria, Ángel Matías, obliga al Club a retirar varios contenciosos interpuestos contra la liquidación de unas tasas so pena de no adjudicarle la concesión en caso de no retirarlos.

Resolución

A pesar de estas conversaciones y de los pasos dados por las partes, el concurso de amarres no se resolvió durante el mandato de Verger, sino que hubo que esperar a octubre de 2008, bajo la presidencia de Francesc Triay para que APB resolviera la adjudicación.

El socio asegura que dichas conversaciones no solamente no fueron desmentidas sino que el propio Verger las reconoció en una entrevista mantenida posteriormente con la emisora Onda Mallorca, así como el actual presidente de APB, Francesc Triay, quien en rueda de prensa posterior a la consejo de Administración en el que se adjudicó a Trapsa la concesión de amarres afirmó: "Creo que [Joan Verger] no debió hacerlo, la Administración fue negligente y hubo exceso de actuación" y "El director de Autoridad Portuaria [Ángel Matías] no tiene ninguna participación, bueno, ninguna iniciativa en todas estas gestiones".

Por otra parte, a finales de octubre, el periódico "El Mundo", también publicó que el ex número 2 de Trapsa Yates, el ex consejero delegado, José Manuel Domínguez, estaba dispuesto a vender por 50.000 euros las pruebas del amaño de Maó.

Domínguez es sobrino de Gonzalo Pascual, socio del empresario Gerardo Díaz Ferrán. Una de esas pruebas podría hacer referencia a la posible venta por parte de Díaz Ferrán de amarres de Trapsa por un importe de 600.000 euros, aunque no ha trascendido quién o quiénes fueron los posibles compradores del atraque.