Entre el paquete de medidas más o menos sorpresa que Zapatero anunció el pasado miércoles, el presidente del Gobierno central incluyó la eliminación de la ayuda de 426 euros (técnicamente llamada PRODI) para aquellos parados que no puedan acceder ni a las prestaciones ni a los subsidios por desempleo.
El clavo al que se agarraban miles de personas para llegar a final de mes desaparecía de la pared, algo que hizo saltar la alarma entre los sindicatos y varios agentes sociales. Sin que exista aún un cálculo oficial de los efectos de esta medida en Menorca, algunas fuentes apuntan a que pueden ser más de mil las personas que se queden a partir de febrero sin ninguna prestación económica.
Con la cifra histórica de más de 7.000 parados, los sindicatos advierten que la situación que se genere en los próximos meses puede ser muy complicada.
Servando Pereira, secretario general de UGT en Menorca, sentencia que "Zapatero no debería haber adoptado una medida de este tipo. Cada vez que el presidente sale de España, vuelve con alguna decisión que nos hace temblar".
En una línea similar, aunque quizás más contundente, se expresa el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) en la Isla, Ramon Carreras. "Es una más de las decisiones de este Gobierno central que aplica una política neoliberal y neoconservadora, que recorta el Estado del Bienestar y machaca a quienes más padecen la crisis".
El líder de CCOO entiende que en un día como el de ayer, en que se conmemoraba el aniversario de la Constitución Española, "hay que poner de manifiesto el incumplimiento de algunos de los artículos de esta Carta Magna, como la protección de la gente que se halla en una situación más difícil", asegura.
¿Y qué pasará ahora con estas personas cuyos únicos ingresos eran los 426 euros? Para Ramon Carreras, "quedarán casi en manos de la caridad".
Cerrada la puerta de la prestación por desempleo, las administraciones deberán afrontar la delicada situación de aquellos ciudadanos que queden desamparados. Una de las vías mediante las cuales se hace frente a este problema es la renta mínima de inserción (RMI), una ayuda que ofrece el Consell de Menorca en colaboración con el Govern balear y que es un sustento importante para un gran número de familias. De hecho, el año pasado 297 personas percibieron estas ayudas, que indirectamente beneficiaron a 620 ciudadanos.
El presupuesto para este año para la RMI es de 685.687 euros, y de entrada, el Consell no tiene previsto incrementar esta partida en las cuentas para 2011.
El conseller de Hacienda, Biel Subirats, asegura que se mantendrá la misma dotación económica que la que se tenía este año, a pesar de que es previsible que sean más las personas que reclamen ayuda a las administraciones una vez se ha cerrado el grifo de los 426 euros. Subirats explica, por un lado, que la partida de este año ha sido suficiente, y que además, la decisión de Zapatero de eliminar el PRODI ha llegado antes de lo esperado.
Ramon Carreras considera que las administraciones, sobre todo los ayuntamientos, estarán muy limitados el próximo año a la hora de hacer frente a las necesidades sociales, por la decisión también de Zapatero de no permitir el endeudamiento a aquellos Consistorios que no tengan sus cuentas más o menos saneadas.
"Si cierran todas las puertas y no dejan ninguna vía de salida, la situación va a estallar", concluye Carreras.
Más allá de la incertidumbre de los próximos meses, desde UGT han iniciado ya contactos con los empresarios para conocer cuáles van a ser sus necesidades de mano de obra de cara a la próxima temporada.
Con ello, se pretende ofrecer la formación adecuada a los trabajadores para que encajen mejor en un mercado laboral en plena incertidumbre.
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