El Gobierno declara el estado de alarma

Rubalcaba ha explicado que el decreto será publicado en el BOE y va a ser comunicado al Congreso de los Diputados, y a partir de entonces "las autoridades militares comunicarán a todos los controladores la situación nueva en la que se encuentra", es decir, cuales son sus obligaciones y sus responsabilidades. El plazo de aplicación de esta medida durará hasta un máximo de 15 días.

"El efecto inmediato de esta publicación es que los controladores pasan a estar movilizados y esta movilización supone que en caso de no asistir al trabajo estaría incurriendo en un delito de desobediencia tipificado en el Código Penal Militar", ha indicado.

En este sentido, ha señalado que las penas a los controladores que no ejercen su trabajo serán de prisión, si bien no ha concretado el tiempo de la pena a la espera de consultar al fiscal general del Estado. Ante la situación de algunos aeropuertos, que han contado con la presencia de controladores aunque sin ejercer su trabajo, ha aclarado que la aplicación del real decreto "será igual" para ellos, al incurrir "en el mismo delito de desobediencia".

Asimismo, ha aclarado que las previsiones gubernamentales no contemplan que "dure tanto" esta medida --en alusión a los 15 días--. En caso de que se agote el plazo, el Gobierno debería acudir al Congreso de los Diputados para solicitar una prórroga.

Rubalcaba ha aclarado que el Ejecutivo ya contaba con una previsión de una posible "huelga salvaje" desde el consejo de ministros celebrado el pasado viernes, pero no contemplaba que los controladores fueran "un colectivo tan insensato que podía llegar a hacer tanto daño a los ciudadanos".

El vicepresidente primero ha eludido entrar a valorar los salarios y la situación "particular" laboral de los controladores. Sin embargo, ha criticado este "conflicto causado a partir de un monopolio laboral en el que un colectivo chantajea a los ciudadanos desde una posición de control".

No habrá "normalización" en las próximas horas

El ministro de Interior también descartó una posible "normalización" de los aeropuertos en las próximas horas, puesto que será "difícil" restaurar todos los vuelos cancelados. "La normalización definitiva no va a ser fácil, se han suprimido muchos vuelos y hay que reconfigurar todo el espacio aéreo y no va a ser cuestión de horas, sino de algo más", ha explicado.

Además, ha reiterado las disculpas del Gobierno a los ciudadanos que "han visto alteradas gravemente sus previsiones en un momento en el que querían disfrutar". En este sentido, ha resaltado que se han puesto en marcha distintos mecanismos tanto de información como de protección ciudadana, si bien ha reconocido que "se ha producido un daño personal irreparable" en determinados casos.

El vicepresidente primero explicó que a la reunión del Consejo de Ministros se incorporaron el fiscal general del Estado y el abogado general del Estado, ante la necesidad de "ser respetuosísimos con la ley", ya que esta es la primera vez en la historia de la democracia que un Gobierno declara el estado de alarma.