Entre las facturas que quedaron pendientes de pago, y el dinero que debía haberse guardado para afrontar las inversiones y que finalmente se destinó a otros menesteres, se puede deducir que el equipo de gobierno del PP dejó un agujero económico de diez millones de euros en el Ayuntamiento de Ciutadella. Así se desprende del informe encargado en su día por PSOE y PSM, que pone cifras a la denuncia constante de los partidos de izquierdas sobre la herencia económica de los populares.
La deuda pendiente en facturas a pagar a proveedores era algo más o menos conocido. La auditoría cuantifica esta deuda en 4.718.000 euros a finales de 2008. La otra cifra que aporta el estudio es menos conocida, y incrementa el balance negativo del Consistorio en otros 5,3 millones de euros. Esta cifra surge de las partidas que debían dedicarse a pagar las inversiones, pero que finalmente no se destinaron a este fin y, según el estudio, acabaron financiando gasto corriente del Consistorio. Con esta decisión, el equipo de gobierno pospuso el pago de estas inversiones, a pesar de que había reservado dinero para ello. Esto implica que en años posteriores, además de pagar las inversiones de cada ejercicio, se haya tenido que intentar saldar esta deuda.
Pero hay otra consecuencia destacable de la política económica del Partido Popular, según el informe. Si se pagó gasto corriente con dinero que no debía dedicarse inicialmente a esta función, se consolidó una estructura de gasto corriente superior a los ingresos corrientes, y esta estructura se perpetuó en los años posteriores. El incremento del gasto corriente también se basó en ingresos extraordinarios, como los que procedían del impuesto de construcción en la época de bonanza económica. Así, en 2007 se llegó a ingresar 1,2 millones de euros más de los previstos por los efectos del boom inmobiliario, cantidad que se dedicó, según el estudio, a gasto corriente.
Otro de los ingresos extraordinarios que costeó el gasto corriente fue el aumento del 40 por ciento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del año 2008, que supuso 3.448.165 euros más para el Consistorio que en el anterior ejercicio económico. La alcaldesa Pilar Carbonero recordó ayer que en su día justificaron esta subida por la necesidad de poner en marcha nuevas infraestructuras. "Hablaron de que tenían que abrir la luz del Palau Saura Morell, de Can Saura, del auditorio o del Josep Maria Quadrado. Ninguno de ellos están en marcha", explicó la alcaldesa.
El informe también destaca que durante los años de bonanza económica no se amortizó ninguno de los préstamos contratados, después de que en 2005 se acordara refinanciar la deuda. "Ese acuerdo no tenía ningún sentido, puesto que estaba claro entonces que la economía iba a crecer en los próximos años", explicó la concejal de Hacienda, Joana Gomila.
La situación contrasta con la del año 2009, cuando PSOE y PSM cogieron el gobierno, sin ingresos extraordinarios, con un millón de euros menos en concepto de impuesto de construcción, y teniendo que amortizar dos millones más que en 2008.
La conclusión es, según Joana Gomila, que "ahora no tenemos dinero pero hay gastos heredados, como los consorcios, y por eso debemos obtener dinero que antes se dedicaba al gasto corriente".
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