Redacción MenorcaCiutadella09/11/10 0:00
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Los impagos a diferentes proveedores, de las que las denuncias del sector farmacéutico son el más reciente exponente, han obligado al Govern a acordar inyectar liquidez por valor de 180 millones de euros al Servei de Salut y ampliar en un 5 por cien el presupuesto de la Conselleria de Salud y Consumo. Según fuentes del Ejecutivo autonómico, este acuerdo obedece a "una clara apuesta por mantener e incrementar una política sanitaria de calidad al servicio de la ciudadanía de las Illes Balears" y permitirá situar la deuda del IB-Salut en el mismo volumen que tenía en 2007.

El conseller de Salud y Consumo, Vicenç Thomàs, y el de Economía y Hacienda, Carlos Manera, presentaron ayer el acuerdo que persigue "mantener una sanidad pública de alto nivel" y, a la vez, "pagar a los proveedores del Servei de Salut", fundamentalmente del sector farmacéutico, de material quirúrgico y otros suministros sanitarios, abonándose el importe de las factura según el orden de antigüedad de emisión.

Esta inyección de liquidez se complementa con la ampliación presupuestaria cifrada en 57,7 millones de euros, que se destinarán a financiar gastos de funcionamiento y conciertos sanitarios. De esta manera, los ingresos adicionales de la Conselleria de Salud y Consumo ascenderán a los 237, 5 millones de euros.

Endeudamiento
La inyección de liquidez, así como la voluntad de financiar otras actuaciones públicas, ha obligado al Govern a concertar una importante operación financiera, consistente en la emisión de bonos públicos. Así, el pasado mes de marzo, la Comunidad Autónoma emitió deuda pública a cinco años por valor de 200 millones de euros y otro paquete de deuda de 300 millones a 10 años.

Esta emisión de deuda fue contratada mayoritariamente por compañías de seguros, entidades financieras y fondos de inversión españoles y extranjeros y el Ejecutivo de Antich la justifica por la caída de ingresos debida a la crisis económica y el lastre del anterior modelo de financiación que, según recordó Thomàs, situó las Balears como la comunidad peor financiada en materia sanitaria.