El portavoz de Ciudadanos de Menorca (CMe) en el Ayuntamiento de Maó, Carlos Salgado, presentó ayer su renuncia al acta de concejal y se despidió de sus compañeros de la Corporación después de tres años y medio ejerciendo las labores de oposición. Salgado alegó motivos personales además de su posible participación en un nuevo proyecto político, el de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) que "me condiciona", aseguró, "aunque todavía no es una decisión segura". Salgado será sustituido en el cargo por el número 20 de la lista que CMe presentó en las elecciones municipales de 2007, Juan Antonio Piris Parpal, después de la renuncia anticipada del resto de los miembros de la candidatura.
Su adiós no fue obstáculo para que, en su última sesión plenaria, Salgado realizara las intervenciones vehementes a las que ha acostumbrado al resto de concejales del Consistorio, que le despidieron con muestras de cariño pese a las discrepancias políticas mantenidas hasta el último momento, tanto en materia fiscal como en la aprobación de la prórroga del contrato de la zona azul o incluso en la "denominación poco feliz" del programa de comercio justo.
La inercia de casi tres horas de debate llevó al alcalde, Vicenç Tur, a plantear a la secretaria la pregunta "¿tenemos que votar?, a lo mejor votaríamos que no, señor Salgado", se respondió él mismo entre las risas de los concejales. Un momento de distensión después de que la mayoría de izquierdas aprobara, entre las críticas del PP y de CMe, la modificación de doce ordenanzas fiscales y una no fiscal -la relativa a las escuelas infantiles-, para aplicar la subida del IPC interanual, fijado en el 1,8 por ciento.
Carlos Salgado reclamó la congelación de las tasas e impuestos, y recordó que el Consistorio "no está obligado" a aplicar la subida del IPC. Por su parte, el portavoz del PP, Juan Manuel Lafuente, planteó reducir más el tipo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), cuyo recibo aseguró que "en cinco años ha subido un 73,42 por ciento", así como congelar las tasas de los servicios sociales y aplicar el IPC al resto de tasas y precios públicos. La subida en el recibo del IBI, según la concejala de Hacienda, Àngels Andreu, será del 4 por ciento de media, pero se quedaría en un 1 por ciento si los ciudadanos domiciliaran el pago y se beneficiaran así del descuento automático del 3 por ciento.
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