La nueva Ley de Puertos ataca el tráfico marítimo interinsular

Así lo denuncia el director de ISCOMAR, José Ignacio Seguí Chinchilla, quien considera que la nueva Ley de Puertos "será una barbaridad desde el punto de vista de Menorca".
Fue en 2003 cuando el senador por Menorca, José Seguí, consiguió que la Ley 48/2003 incluyera una disposición adicional que otorgaba especial consideración al transporte interislas en Balears y Canarias. "Esta adenda se aprobó por unanimidad de todos los partidos", apunta Seguí Chinchilla. La disposición reconocía tres aspectos beneficiosos. Primero, el Estado asumiría el coste de las infraestructuras necesarias en los puertos de las Islas. Segundo, las tasas de transporte interinsular de pasaje y mercancías se podían bonificar hasta un cien por cien, como reconocimiento a los costes de la doble insularidad. Tercero, se reconocía una rebaja de los costes portuarios en el tráfico insular.
No obstante, el Parlamento y el Senado han aprobado la nueva Ley de Puertos (Ley 33/2010), que modifica la anterior normativa vigente. En este sentido, se incluye un artículo derogatorio que anula esta disposición adicional con los beneficios descritos. Y no sólo eso. La nueva Ley de Puertos aumenta un 25 por ciento la tasa a los buques en el transporte marítimo interinsular. "Es un ataque frontal a la insularidad", denuncia el director de ISCOMAR.

Afirma que "de la nueva Ley de Puertos sólo se ha destacado que el alcalde de Maó quedará sin representación en el Consejo de Administración de Autoridad Portuaria cuando la derogación de las bonificaciones es una crueldad contra el tráfico insular".
El director de ISCOMAR resalta que la derogación de la disposición adicional que era beneficiosa para Menorca ha sido aprobada con el consentimiento del PSOE y el PP.
Incluso señala que el Partido Popular lo único que ha aprobado ha sido la derogación de la disposición adicional que en 2003 consiguió incluir el senador José Seguí.

El malestar del representante de la naviera es mayúsculo "por el hecho de que los diputados y diputadas por Menorca y el senador han votado la derogación conociendo de antemano las repercusiones negativas que tendría para la Isla. Teníamos una serie de beneficios reconocidos por ley y ahora no sólo nos los anulan sino que incrementan la tasa de buques en un 25 por ciento. Han hecho caso omiso, a pesar de estar advertidos de las nefastas consecuencias para la Isla".

Decepción
Para el director de ISCOMAR la actuación de los diputados menorquines "es una decepción porque pone en entredicho si realmente defienden los intereses de la Isla en Madrid". Asegura que el argumento que arguyeron "es que la Unión Europea les dijo que la disposición adicional era ilegal. Es una falsedad como la copa de un pino y carece de argumento jurídico".

En este punto, indica que "sólo Unió Menorquina fue receptiva y a través de Convergència i Unió se consiguió que al menos se presentaran alegaciones a la nueva Ley de Puertos para mantener los beneficios a la insularidad. En cambio el PSOE y el PP se han cargado las bonificaciones que teníamos reconocidas por ley y que son económicamente una crueldad contra el tráfico marítimo interinsular".

Repercusión en el precio del billete y en las mercancías
La derogación de las bonificaciones para el transporte interislas y el aumento de un 25 por ciento de las tasas obligará a las navieras que operan entre Menorca y Mallorca a repercutir el aumento de los costes en los billetes del pasaje y en las tarifas de transporte de mercancías. De hecho, actualmente un 7 por ciento del coste de los billetes se destina a pagar tasas y cánones. La nueva Ley de Puertos afectará directamente a ISCOMAR, en la ruta Ciutadella-Alcúdia, a Baleària y a Acciona, en la ruta semanal entre Palma y Maó.
Además con la derogación de la adenda, Autoridad Portuaria de Balears deberá sufragar las infraestructuras necesarias en los puertos de las Isla, cuando con la anterior Ley el Estado asumía las inversiones al considerar los puertos de las islas menores deficitarios o con una recaudación insuficiente para poder invertir. "Si por ejemplo queremos una estación marítima en Maó, ahora la tendrá que pagar Autoridad Portuaria, no el Estado", sostiene José Ignacio Seguí Chinchilla.