AENA está ultimando la instalación de una planta de producción de asfalto en sus terrenos del aeropuerto de Menorca. Con esta instalación, la empresa concesionaria de la obra se fabricará su propio asfalto, sin contar con el que se produce en la Isla. Éste es uno de los ejemplos que las empresas de la construcción menorquinas esgrimen para reclamar una mayor presencia en las obras públicas que se hacen en la Isla, y a la vez un mayor cumplimiento de los plazos de pago de las mismas.
Fuentes del sector de la construcción consultadas por este periódico admiten que la situación es totalmente legal. Las grandes constructoras nacionales se llevan las obras de envergadura que se ejecutan en la Isla, porque pueden ofrecer un mejor precio y disponen de más medios. Incluso las empresas menorquinas entienden que estas mismas constructoras se traigan sus propias máquinas de la Península, a pesar de que en Menorca existan medios similares que podrían cubrir perfectamente la necesidad de estas grandes constructoras. Es el caso, por ejemplo, del desvío de Ferreries.
La obra viaria más importante de los últimos años en Menorca ha sido adjudicada a una gran empresa foránea, Ferrovial, que si bien cuenta para esta actuación con un socio menorquín, de momento está utilizando en su gran mayoría medios de fuera de la Isla. En este sentido, algunas fuentes consultadas se preguntan dónde están los centenares de empleos que se aseguró en su día que se crearían en Menorca con esta obra.
"Solamente tenemos el derecho al pataleo, y cuando nos quejamos a las administraciones para que nos tengan más en cuenta, no conseguimos nada", comenta uno de los constructores consultados. De hecho, asegura que "nuestra mano de obra y nuestra maquinaria están sobradamente preparados para afrontar las obras públicas de la Isla". Por eso, no entienden situaciones como la de la planta de asfaltado del aeropuerto, el desvío de Ferreries o las condiciones para la adjudicación del proyecto de estación marítima de Ciutadella.
Los constructores aplican la lógica que asegura que las administraciones menorquinas deben velar por el interés de la Isla, y eso incluye a sus empresas. Por eso, si bien entienden que en un concurso público debe valorarse el precio que ofrece cada constructora, y el período de ejecución, el hecho de generar negocio en Menorca y para Menorca debería ser un valor también a tener en cuenta. Y en este sentido, entienden que si la administración diera trabajo a las grandes empresas de la Isla, estas a su vez retroalimentarían a las empresas más pequeñas.
Pero a día de hoy, el principal problema de las constructoras isleñas con las administraciones públicas es el retraso en los pagos. Sin aportar cifras, varias fuentes del sector hablan de "muchos millones de deuda", algo que ha puesto en jaque a más de una empresa.
Los constructores explican que si no cobran, no pueden pagar a sus proveedores o a sus trabajadores, lo que puede implicar tener que retrasar la obra en cuestión o no invertir en mejoras necesarias para la empresa. Algunas sociedades, incluso, se encuentran al borde de la quiebra por la lentitud a la hora de pagar de las administraciones públicas.
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