El Ayuntamiento de Sant Lluís ya tiene en marcha la elaboración del expediente de reclamación patrimonial por la anulación judicial de la licencia de obras concedida a Luis Anglés en 2004 para la construcción de una vivienda anexa a una explotación agraria en Binifadet. "El expediente se encuentra en tiempo y forma -asegura el teniente de alcalde de Urbanismo, Remigio Lora-, pero hay que analizar todo el procedimiento de forma exhaustiva, desde la concesión de la licencia de obras hasta el decreto de demolición del Consorcio de Disciplina en Rústico, pasando por la sentencia judicial que declaró ilegal la licencia".
El responsable de Urbanismo, Remigio Lora, afirma que los servicios jurídicos municipales avalan que el procedimiento se encuentra dentro del plazo legal. No obstante, el equipo de gobierno deberá resolver el recurso de reposición presentado por el promotor de la vivienda de Binifadet a principios del pasado mes de agosto. Dicho recurso fue interpuesto por la inactividad del Ayuntamiento de Sant Lluís en la tramitación del expediente de responsabilidad patrimonial instado el 21 de octubre de 2008. El promotor también insta al alcalde Llorenç Carretero a que cuantifique el importe de la responsabilidad patrimonial.
El promotor de la vivienda ilegal de Binifadet cuantificó la reclamación patrimonial por un importe de 1.862.149 euros en la solicitud presentada en octubre de 2008. Dicho importe comprende los honorarios de redacción de proyecto y dirección de obras (158.114 euros), los gastos notariales, tributos y tasas municipales (12.161 euros), los costes de ejecución (1.233.165 euros), los costes de demolición (177.900 euros), y el lucro cesante que equivale a la pérdida de beneficios y, en este caso, al daño moral, personal, familiar y social (280.808 euros). En este sentido, Remigio Lora resta importancia a las pretensiones del promotor y asegura que "una cosa es lo que diga el promotor y otra es lo que diga el informe jurídico municipal". Además, Lora ha señalado que el Ayuntamiento tramitará el expediente al Consell Consultiu de les Illes Balears para que analice y dictamine sobre el particular, al objeto de determinar el grado de responsabilidad que tiene o no el Ayuntamiento en este asunto.
Lora ha recordado que PSOE y PSM-Verds incluyeron en el pacto de gobierno tras las elecciones de mayo de 2007 que ambas formaciones políticas no recurrirían la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears que, finalmente, desestimó en mayo de 2008 los recursos de apelación presentados dos años antes por el Ayuntamiento y el promotor. Por ello, la Junta de Gobierno Local de Sant Lluís anuló la licencia en julio.
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