El promotor de una casa ilegal reclama una indemnización

Luis Anglés presenta un recurso de reposición contra el Ayuntamiento por la inactividad en la reclamación patrimonial por una vivienda en Binifadet

Reunión. El Consorcio de Disciplina en Suelo Rústico decretó en 2008 la demolición de la vivienda - Archivo

Toni SeguíSant Lluís24/09/10 0:00

El promotor de la vivienda de Binifadet sobre la que pesa una orden de demolición, por parte del Consorcio de Disciplina en Suelo Rústico, ha presentado un recurso de reposición contra el Ayuntamiento de Sant Lluís por la inactividad en la tramitación del expediente de responsabilidad, que instó en octubre de 2008 por un importe de 1,8 millones de euros.

El promotor Luis Anglés Hernández presentó a principios del pasado mes de agosto un escrito en el que instaba al alcalde de Sant Lluís a que adoptase las medidas necesarias para la tramitación del expediente de responsabilidad patrimonial. La petición se registró nueve meses después de haber presentado el escrito reiterando la solicitud de reclamación patrimonial del Ayuntamiento de Sant Lluís y, por otra parte, año y medio después de haber aportado la documentación requerida.

El promotor afirma que la institución municipal mantiene paralizado el referido expediente, lo que representa una vulneración de la normativa legal vigente.La Comisión de Gobierno de Sant Lluís concedió el 3 de junio 2004 la licencia para la construcción de una vivienda anexa a una explotación agraria en terrenos de Binifadet.

El Ayuntamiento interpretó que el informe preceptivo y vinculante del Consell insular era favorable, mediante silencio positivo, debido a que la institución no lo emitió en el plazo de tres meses desde la iniciación del trámite.

El 2 de marzo de 2006 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma estimó el recurso presentado dos años antes por Guillem Mercadal y declaró nulo el acuerdo de la concesión de la licencia.

El 6 de mayo de 2008 el Tribunal Superior de Justicia de Balears rechazó los recursos de apelación presentados por el Ayuntamiento de Sant Lluís y el promotor de la vivienda y confirmó la ilegalidad de la vivienda.

El 31 de julio de 2008 la Junta de Gobierno local de Sant Lluís anuló por orden judicial la licencia de obras, mientras que el 6 de octubre del mismo año el Consorcio de Disciplina en Suelo Rústico resolvió la demolición del edificio.