El concejal de Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM), Joan Triay, arremetió ayer contra los empresarios de los locales de ocio de Es Pla de Sant Joan por criticar la labor y la opinión de la concejal de Policía Local, Anna Maria Pons Capella.
Triay defendió a la responsable municipal, quien en días anteriores había afirmado que una manera de reducir la conflictividad en el puerto sería reducir los horarios de los establecimientos "after", un parecer que no gustó a los empresarios de los locales de la zona, que calificaron las medidas como "drásticas más propias de la inquisición que de la democracia".
Estos términos son los que denuncia el portavoz de UPCM, quien asegura que "el único hecho inquisitorial que ha habido lo ha protagonizado la Asociación de Bares y Discotecas des Pla al escribir que la concejal no puede hacer este tipo de declaraciones públicas". Triay defiende, así, la libertad de expresión de Pons, a la vez que critica abiertamente la "inventiva" de una "minúscula asociación que como es natural mira por sus intereses", pues considera que estos empresarios hablan en nombre de todos, cuando deberían hacerlo en representación de "todos sus escasos miembros".
Además, Triay recuerda a los empresarios de Es Pla que "lo que sí pagamos todos los contribuyentes de Ciutadella es la ampliación del contrato de la limpieza adicional (...) como consecuencia de su actividad", así como "la elaboración de un anteproyecto faraónico de pavimentación e iluminación de Es Pla, cuya simple redacción costó más de 20.000 euros", un proyecto que "el gobierno tránsfuga se proponía incluir entre las obras del Plan E".
Así, el concejal de UPCM considera que no se puede "confundir la democracia con sus conveniencias económicas de tener abierto el mayor tiempo posible".
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